“Los poblanos tienen derecho a conocer la verdad”, fue el lema que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, empleó para criticar la opacidad de sus antecesores en el manejo de recursos públicos. Ahora en el poder y con la crisis del covid-19, su administración oculta el destino de casi 3 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria.

En marzo del 2020, el gobierno de Barbosa denunció la opacidad de sus antecesores, por lo que su administración habilitó el sitio desclasificados.puebla.gob.mx, en el que  se transparentaron 99 contrataciones que las gestiones de Rafael Moreno Valle y de José Antonio Gali Fayad, mantuvieron reservadas, bajo argumentos que la administración actual considera inaplicables.

Lo que se criticó a gobiernos pasados no cambió con el gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla; se replicó con Unidades de Transparencia que cumplieron un año sin atender solicitudes de información pública, lo que dificultó conocer las inversiones para atender el Covid-19, y aquellas que respondieron reservaron los detalles de las compras de bienes, insumos y servicios por el inicio de auditorías.

La desinformación en la pandemia derivó en que organizaciones emitieran posicionamientos. Una fue Artículo 19, cuando el 31 de marzo publicó que “Miguel Barbosa ha desinformado a la población a través de sus discursos públicos”, y además lo acusaba de bloquear a periodistas. Otra organización crítica fue Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), que el 9 julio del 2020 analizó transparenciacovid19.puebla.gob.mx, usado para publicar los gastos de la pandemia, y  concluyó que era insuficiente por no detallar las cantidades de las compras, ni el nombre de los proveedores elegidos.

El pasado 10 de marzo se cumplió el aniversario del primer caso positivo de Covid-19 en Puebla y también un año de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (ITAIP) suspendió las labores de las Unidades de Transparencia. El área de comunicación social del organismo no supo precisar cuántas unidades permanecen inactivas, por lo que se desconoce cuándo reanudarán sus plazos.

Estos retrasos en la entrega de información pública demuestran que Puebla carece de una política de transparencia y que el ITAIP falló en la pandemia, tras no dar continuidad al derecho de acceso a la información con una mejor estrategia, opina el académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) y también secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) en Puebla, Cuauhtémoc Cruz Isidoro.

A la espera del regreso de las unidades, e-consulta realizó 22 solicitudes de acceso a la información sobre las compras del Covid-19, pero sólo cinco dependencias y entidades respondieron: las Secretarías del Bienestar, Salud del Estado de Puebla (SSEP), de Gobernación (Segob), de Cultura (Sectur), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

Las respuestas del gobierno estatal fueron ambiguas; un ejemplo fue la Segob, tras asegurar que sus gastos estaban en Transparencia Covid-19, pero al solicitarle el nombre de los proveedores, copias de los contratos y facturas, se limitó a responder  que se hallaban en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin facilitar descripciones de búsqueda.

Otra fue la Secretaría del Bienestar, al responder que entre enero y julio del 2020 no celebró contrataciones para la contingencia: “le informo que no es posible remitir información alguna, toda vez que (…), cuenta con cero (0) registros de contratos o convenios” pese a que  Transparencia Covid-19 indica lo contrario, que gastó más de 327 mil 449 pesos en equipo de protección, como cubrebocas y materiales de limpieza, además de servicios de desinfección.

Ocultan contratos hasta la salida de Barbosa

Una de las técnicas para ocultar las adquisiciones que las dependencias y entidades realizaron por la emergencia sanitaria es el inicio de auditorías. Al menos eso argumentaron para reservar la información tanto la SSEP como el ISSSTEP, tras solicitarles los contratos de compras por la pandemia en 2020, en los que destinaron un presupuesto superior a los 2 mil 379 millones de pesos.

Dichas revisiones a los recursos permiten no entregar los contratos y el nombre de sus beneficiarios. La SSEP respondió que “no puede ser proporcionada, por ser materia de la auditoría extraordinaria vigente número E-01-SSEP/2020”, por lo que se desconoce el destino de 2 mil187.6 millones de pesos. El ISSSTEP aseguró que “la información que usted solicita se encuentra clasificada como reservada, por lo que no es posible en este momento entregarla”, así que tampoco se sabe quiénes recibieron sus 191.3 millones de pesos.

La decisión de ocultar la información en la SSEP se tomó  el 27 de noviembre del 2020 cuando  sesionó su Comité de Transparencia y aprobó que su reserva será por máximo 5 años, es decir, hasta mediados del 2025 será  cuando inicie un nuevo gobierno estatal y se conocerán los gastos o si la revisión concluye antes . El ISSSTEP no publicó el acta en la que negó la entrega de las compras, por lo que se desconocen sus argumentos.

El uso de auditorías para reservar información era una práctica que utilizaron las administraciones de los exgobernadores, Moreno Valle y Gali Fayad, pero el gobierno estatal lo consideró un argumento inaplicable y desclasificó 15 proyectos reservados.

Gastan casi 3 mil mdp y publican menos del 1 por ciento

Otro problema en las adquisiciones por la pandemia fue que el único documento que revela el gasto es Transparencia Covid-19, en el que se detalla que 33 dependencias y entidades invirtieron en 2020 más de 2 mil 938.8 millones de pesos, sin profundizar en cantidades, ni en proveedores. En cambio, los resultados de contrataciones del gobierno estatal dan cuenta de un monto máximo por 12.7 millones de pesos, es decir, menos del 1 por ciento de lo gastado.

A través de revisiones a las contrataciones de las 33 dependencias y entidades que reportaron compras por la emergencia sanitaria, se identificaron 32 contrataciones vía adjudicación directa e invitaciones a cuando menos tres personas, procedimientos cerrados en los que participan pocas o ninguna empresa, que recibieron inversiones mínimas de 12.5 millones de pesos y máximas de 12.7 millones de pesos, a causa de contrataciones en modalidad abierta.

Un caso relevante es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puebla (SEDIF), con un presupuesto para la pandemia de 409.9 millones de pesos en 2020, pero en cuyos resultados de contrataciones no tiene registros de a quiénes contrataron para la adquisición de despensas, servicios de transporte de los paquetes alimenticios y la adquisición de materiales de protección.

También se desconoce a los beneficiarios de las contrataciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tras invertir en 2020 más de 28.4 millones de pesos en la adquisición de material de limpieza, desinfección de sus inmuebles, equipo de protección para personal de salud que atiende a la población penitenciaria contagiada, pues  no cuenta con registros públicos de los proveedores elegidos.

_{NOTA: la identificación de contratos se basó en los resultados de compras de las 33 dependencias y entidades que en Transparencia Covid-19 confirmaron ejercer gastos por la emergencia sanitaria e hicieron públicos sus contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).}

Puebla y su debilidad por los foráneos

Los escasos resultados de contrataciones revelaron que la Secretaría de Administración (SA) priorizó sus compras con empresas foráneas, en las que destacaron las oaxaqueñas Plusservicio Limpieza del Valle SA de CV, así como Edificaciones Mantenimiento y Transportes para la Construcción Ecoprojet SA de CV, ésta última la encargada de vender al triple de su valor real el nuevo horno crematorio del Panteón de La Piedad.

Estas irregularidades las documentó e-consulta el pasado 9 de febrero que publicó “Factura Gobierno de Puebla al triple el horno crematorio de La Piedad”, luego de la adquisición del horno, vía adjudicación directa, por la SA en 2.9 millones de pesos. Al realizarse una cotización se obtuvo el costo real del proyecto en 800 mil pesos, es decir, tres veces menos de lo pagado por la administración de Barbosa Huerta.

Entre las contrataciones que ganaron los foráneos también resaltan los servicios de desinfección y limpieza de cisternas de dependencia del Gobierno de Puebla, al pagar por adjudicación directa más de 2.3 millones de pesos a la oaxaqueña Plusservicio Limpieza del Valle SA de CV. Asimismo, la mexiquense FQ Specialty Chemicals SA de CV fue otra de las beneficiadas por la SA, con un par de contrataciones para desinfección por más de 883 mil pesos.

Después de un año de la pandemia en Puebla, la muerte de más de 10 mil pacientes de la entidad y el contagio de 77 mil 233 personas, según los registros de la Secretaría de Salud (SSA) Federal al corte del pasado 26 de marzo, el gobierno de Barbosa Huerta podría finalizar su sexenio con el misterio de a quiénes repartió casi 3 mil millones de pesos por una emergencia que no tiene fecha final.