El gobernador Miguel Barbosa Huerta renovó el decreto mediante el cual su administración se hace cargo de la seguridad pública en el municipio de Puebla, a pesar de que desde hace un año no ha logrado colocar a su personal en los puestos estratégicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Fue hace un año cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra del Ayuntamiento de Puebla en la controversia por el control de la seguridad pública en la capital del estado, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta publicó el primer decreto para tomar el control de las fuerzas del orden en la ciudad.

Aquél decreto, basado en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenía vigencia de un año, por lo que en el Periódico Oficial del Estado se publicó su renovación a partir del 24 de marzo de 2021, adelantando que esta situación podría repetirse en un año más si la situación de inseguridad argumentada, se mantiene .

Crimen organizado en la ciudad

El decreto publicado este miércoles 24 de marzo en el Periódico Oficial del Estado reitera que los cuerpos de Seguridad Pública del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, acatarán las órdenes que el Gobernador Constitucional les trasmita, por sí o por conducto de quien designe para tal efecto, en todo el territorio del Municipio de Puebla, incluyendo sus Juntas Auxiliares.

Asevera que es "innegable el contexto de inseguridad que se registra en las zonas de mercados municipales, en donde la delincuencia común ha transitado hacia verdaderas organizaciones delincuenciales, dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta
de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos, afectando la actividad económica de la capital”.

Agrega que la presencia del crimen organizado en la entidad es un hecho público y notorio y que, "en la Capital del Estado se han registrado ejecuciones, abandono de cuerpos, feminicidios y un aumento inusual en el robo de automóviles con violencia”.

En esto último abunda que "fuentes oficiales de seguridad federal continúan refiriendo al Gobierno del Estado que grupos delincuenciales vinculados con los grandes grupos de la criminalidad organizada, como los remanentes del Cártel de los Zetas y la Familia Michoacana, llevan operando por años en el Estado”.

También apunta  que remanentes del Cártel de Los Beltrán Leyva y del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuentan con células criminales operando en la entidad, en municipios como Palmar de Bravo, Cañada Morelos, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y, particularmente, la Ciudad de Puebla.

De acuerdo con el decreto, "Puebla Capital, como zona estratégica, sigue representando uno de los objetivos prioritarios del CJNG en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible o “huachicoleo”, con la consecuente incursión en otros mercados o actividades ilícitas como el control del narcomenudeo y la trata de personas.”

Señala que estos y otros delitos de alto impacto relacionados como el homicidio y la intimidación de autoridades y candidatos, tiene una "principal importancia dado el contexto del proceso electoral que vive el país este año", por lo que se contemplan acciones que prevén un cambio profundo para abatir las circunstancias.

Decreto se politizó: Barbosa

El pasado 28 de enero el gobernador Miguel Barbosa, durante su rueda de prensa matutina, insistió en denostar el trabajo de la Policía Municipal de Puebla y señaló que con o sin decreto, la Policía Estatal es la que brinda la seguridad en la capital.

Barbosa Huerta recordó que la controversia que el Ayuntamiento de Puebla promovió ante la SCJN para que se declarara como improcedente el primer decreto, no procedió y el máximo órgano de justicia en el país no otorgó la suspensión definitiva que solicitaba el gobierno de Claudia Rivera.

"Desde el ayuntamiento estaban instalando un escenario político para impedirlo, sólo dieron elementos de distracción. Cuando desconoció los acuerdos la alcaldesa, nos sorprendió y tuvimos que emitir el decreto para hacernos cargo de la seguridad. Y vino la controversia; nunca le fue otorgada al Ayuntamiento de Puebla la suspensión", dijo Barbosa en ese momento.

Decreto 24 de Marzo de 2021 by Ivan Gutierrez on Scribd