En el informe anual de actividades y resultados 2021 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se propusieron reformas al Código Penal “para el mejoramiento de la investigación de los delitos relacionados con actos de corrupción”, entre ellos que en el delito de cohecho se incluya “el cohecho sexual, ya que en la actualidad solamente se limita al solicitar u ofrecer dinero”.

“Los servidores públicos, en violencia de género, suelen pedir favores sexuales a las usuarias para realizar sus funciones u otorgarles algún servicio o insumo que por ley les corresponde”, se lee en el documento.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción precisa que de 2019 a 2021 suman mil 688 carpetas de investigación por corrupción, en las cuales 80% de los acusados son servidores públicos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 96, Petróleos Mexicanos con 70 y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con 36, son las principales instituciones a las que pertenecen o pertenecieron los servidores públicos acusados en las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Los principales delitos por los que fueron denunciados los servidores públicos son peculado, uso lícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito de servicio público, enriquecimiento ilícito, cohecho y abuso de autoridad.

De acuerdo con la Fiscalía apenas se han judicializado 22 expedientes y en 275 se declaró incompetencia, debido a que los delitos cometidos contra la administración de la justicia por servidores públicos quedaron fuera de la competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En el documento turnado a la Comisión de Justicia también solicitó la responsabilidad penal de las empresas, es decir, que éstas sean sancionadas por contratación ilícita, peculado, percepción ilícita y los beneficios del ejercicio abusivo de funciones.

Indicó que también que debe modificarse la punibilidad del delito de cohecho contemplada en el Título X del Libro Segundo, ya que posee una sanción mínima de tres meses en el supuesto que “la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa, no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable”.