“Para procurar la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia, el Ministerio Público deberá: I. Informar a la ofendida o víctima del delito, así como a sus derechohabientes, sobre el derecho que tiene a que se le repare el daño material y/o moral derivado de la comisión del ilícito, así como el procedimiento y alcance de la reparación del daño; II. Solicitar al juez competente el embargo precautorio de los bienes del probable responsable, cuando se tenga el temor fundado de que el obligado a la reparación del daño oculte o enajene los bienes para hacer efectiva dicha reparación”, advierte la iniciativa.

 

Aparte de la indemnización se busca que las víctimas tengan acceso a “medidas de rehabilitación”, como tratamientos médicos y psicológicos, así como “medidas de satisfacción”, para el restablecimiento de su dignidad y la garantía de que no vuelvan a padecer violencia.