El principado de Andorra expropió 48 mil millones de pesos de 23 inversionistas mexicanos como parte de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero.

El empresario que menos tiene ahorrado en Andorra, son 5 millones de euros y el que más ahorro tiene ronda los 150 millones de euros, afirma Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra.

El dinero estaba depositado en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), intervenido desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos; estrictamente es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, afirma Padilla Estrada, del Despacho Jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Cohepza, en entrevista con Forbes.

El periódico La Jornada informó que en el centro de las pesquisas se encuentra Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.

Andorra está ubicado al norte de España, tiene menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados; las ofertas de ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores, lo convirtieron en el sitio preferido de empresarios y políticos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El 1 de marzo de 2015, el gobierno de Andorra intervino a la Banca Privada de Andorra, una de las cinco entidades financieras que operan en el principado, ante la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de que llevó a cabo labores de blanqueo de capitales para redes de criminales.

El alto nivel de corrupción de los gestores de BPA y los débiles controles antiblanqueo de capitales han hecho de la Banca Privada de Andorra un sencillo vehículo para el lavado de dinero de fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos, afirmó Jennifer Shasky Calvery, responsable de Fincen, el organismo norteamericano que combate los delitos financieros.

“Ha sido gravoso para el empresario mexicano, porque se le tiene bajo la concepción de que quien tiene dinero es narcotraficante o lavador de dinero”, comenta para Forbes el abogado Padilla Estrada, quien fue parte del despacho Barrera Siqueiros y Torres Landa, ahora Hogan Lovells, en el área de litigio civil, mercantil y administrativa.

“En México ninguno de mis clientes está vinculado judicialmente a nada, de hecho, no ha llegado imputación, son sólo indiciados y se respeta su presunción de inocencia”, manifiesta.

Recuerda que las carpetas de investigación existentes en México señalan que fueron abiertas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de manera trasnacional de oficio.

Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”, el defensor de confianza de Peña Nieto.

La gran mayoría de ellos tiene cancelados sus pasaportes mexicanos y es gravísimo, porque el gobierno mexicano sin llegar a una imputación está partiendo de información, que le proporciona otro país que tampoco está judicializada para afectar a los mexicanos. Ya no pueden entrar a Estados Unidos, ya tienen la prohibición para países de Latinoamérica, en especial a Panamá, afirma Salvador Padilla Estrada.

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