• Seguridad

Venustiano Carranza, municipio donde ni el Covid-19 frena a la delincuencia

  • Alberto Melchor
Durante 2020 el municipio de la Sierra Norte, gobernado por Vicente Valencia Ávila, tuvo una tasa de 4.7 delitos por cada 1 mil habitantes
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A nivel nacional y estatal los delitos del fuero común mostraron una disminución en la incidencia durante la pandemia por Covid-19, pero este no fue el caso para el municipio de Venustiano Carranza, en la Sierra Norte de Puebla, donde el número de delitos se mantuvo con respecto de 2019 y aumentó con relación a 2018.

Este fin de semana elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se enfrentaron con cinco presuntos ladrones de combustible que transportaban 74 bidones con gasolina, dejando como saldo cuatro heridos y un sospechoso sin vida, así como la recuperación del hidrocarburo robado.

De acuerdo con datos sobre la incidencia delictiva del fuero común recolectados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante 2020 el municipio gobernado por Vicente Valencia Ávila tuvo una tasa de 4.7 delitos por cada 1 mil habitantes.

Esto se traduce en un total de 137 delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado entre enero y diciembre pasado; el más frecuente fue el de robo total en todas sus modalidades, pues representa 18.25 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas.

El segundo delito con mayor incidencia el año pasado en Venustiano Carranza fue el de violencia familiar que representó 15.33 por ciento del total de delitos al denunciarse en 21 ocasiones ante las autoridades ministeriales poblanas.

Por lo que hace al delito de homicidio doloso el Sesnsp detalla que en total se reportaron nueve hechos divididos en los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre; el arma más utilizada para cometerlos fueron las de fuego, pues se utilizó en cinco asesinatos.

Otros delitos violentos fueron las lesiones dolosas, mismas que durante el año pasado se denunciaron en 11 ocasiones, usando en todas de ellas las manos; de acuerdo con la estadística, no se emplearon ni armas de fuego o blancas.

Incidencia igual al 2019 y mayor al 2018

Aunque la incidencia delictiva en la entidad mostró una reducción de entre 10 y 28 por ciento en 14 delitos del fuero común entre 2020 y 2019, en el caso de Venustiano Carranza dicha tendencia no se repitió y por el contrario mostró un ligero aumento.

Según los datos del Sesnsp, la tasa de delitos por cada 1 mil habitantes durante 2019 en este municipio fue de 4.5 ya que se contabilizaron 132 carpetas de investigación por casos del fuero común, es decir, cinco delitos menos que en 2020.

Los delitos tampoco mostraron gran diferencia, pues los homicidios dolosos en 2019 fueron ocho, mientras que de lesiones dolosas se denunciaron 16; robos totales en sus diferentes modalidades se contabilizaron 25; en tanto que por violencia familiar hubo 13 denuncias, ocho menos que en 2020.

Sin embargo, si comparamos 2020 con 2018, la incidencia delictiva tuvo una mayor diferencia al pasar de 3.4 delitos por cada 1 mil habitantes a 4.7 que hubo el año pasado.

Esto se explica con el número total de delitos, pues en 2018 hubo 101 denuncias por casos del fuero común con cifras similares en homicidios, de los que se contabilizaron siete; ocho casos de lesiones dolosas; 25 de robo total en sus diferentes modalidades; así como 13 de violencia familiar.

Conflicto político

El municipio de Venustiano Carranza también atraviesa un problema político derivado de los señalamientos que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha hecho en contra del edil Vicente Valencia Ávila, así como en contra de sus familiares a quienes acusa de operar una red criminal en la región de la que deriva el robo de combustible y delitos de extorsión y homicidio.

Estos señalamientos se han vertido principalmente contra el edil, pero también de sus hermanos Jorge Valencia Ávila fue alcalde de 2011 a 2014; Rafael Valencia Ávila de 2014 a 2018; y Vicente, el actual presidente municipal, ya había tenido el cargo en el periodo 2005-2008.

En agosto de 2018 la Fiscalía General de la República cateó el domicilio de Rafael Valencia y además de encontrar armas de fuego detuvo a su esposa Ilse, así como a dos de sus trabajadores que se encontraban en ese momento en el lugar. Aunque estos dos últimos permanecieron en prisión, la esposa del entonces edil fue liberada días más tarde, pero sujeta a proceso con una medida cautelar.

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