Las denuncias por la mala aplicación de recursos, corrupción y hasta emisión de facturas falsas en contra de las administraciones del PAN son más de 150 y no 12 como fue presentado en el segundo informe de gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario señaló que no “se fijó” y en el documento en el que rinde cuentas no se citan las más de 150 denuncias.

Subrayó que los procedimientos legales involucran “a todos” los funcionarios de gobiernos pasados, pero en el informe se omitió señalar los nombres de los acusados, las anomalías particulares, así como el periodo que se investiga.

“Yo me descuidé y no revisé cuántas denuncias llevamos presentadas. Llevamos presentadas como 150 denuncias, no 12; como 150 denuncias. Así de simple; están todos, todos. Imagínate cualquier nombre y ahí está, todos metieron mano. Yo no tengo un número exacto porque no me he sentado ahí a numerar del uno al infinito cuántas denuncias (van) presentadas”.

De acuerdo con el segundo informe de gobierno, el gobierno del estado presentó 12 denuncias por mil 259 millones 392 mil pesos en total ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado.

Las demandas son resultado de la investigación contra 166 personas físicas y morales de administraciones anteriores – del PAN-, y señalan probables delitos fiscales e irregularidades por 2 mil 766 millones 836 mil pesos.

Durante la conferencia Barbosa hizo énfasis en repetidas ocasiones que son más de 150 juicios en los que destaca la intervención de obras faraónicas del morenovallismo como el Tren Turístico, el Teleférico, el CIS, el sistema de transporte de RUTA en las líneas 1,2, y 3, además de los motocultores, que se dieron a campesinos.

En el caso del Museo Internacional Barroco aseguró que “pronto va a estar la denuncia”.

También reveló que en el caso del río Atoyac las anomalías superan los mil millones de pesos, por un dragado y una fumigación en los que hubo operaciones simuladas por parte de los miembros de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla para el beneficio personal de funcionarios de primer nivel.

Para el caso de las irregularidades en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Barbosa reiteró que se trata de acciones anómalas en 900 puntos de obras desarrolladas con recursos del Estado y de la Federación; de este último dijo que habrá demandas ante la Fiscalía General de la República.

“No, no, no (. . .) Yo no sé de dónde sacaron las 12 denuncias. No me fijé, pero son alrededor de 150 denuncias y están todititos y todititas. Por eso ese grupo añora los tiempos pasados (…) ¿Qué piensan, que iba yo a llegar a dejar que las cosas se iban a quedar así?  Se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno, no de alternancia; ese cambio de régimen implica que las cosas irregulares se investiguen y se sancionen”.

Según Barbosa ahora se trabaja en la revisión de la instalación de Audi y la plataforma de Ciudad Modelo.

Ayuntamiento sin facultades para regular predios

Por otra parte, el gobernador Miguel Barbosa refirió que el Ayuntamiento de Puebla no tiene facultades para regular predios como actualmente lo promueve y que los anuncios que se dan en la materia no tienen sustento.

Al respecto, recordó que envió al Congreso Local diversas propuestas de ley para regular los predios, así como el costo de la tierra. La meta de su administración es intervenir un millón de terrenos, principalmente en zonas urbanas-rurales, agregó.

Asimismo, acusó que los políticos utilizan a la gente con la promesa de regularizar sus tierras, sin embargo, “sólo se trata de mentiras de esos parásitos”.

Asimismo, dijo que todo se trata de un anuncio del ayuntamiento capitalino, porque el gobierno estatal es el único con facultad de hacerlo.

Sí hay facultades, responde el Ayuntamiento

La secretaria general del Ayuntamiento de Puebla, Liza Aceves López, aseveró que el Gobierno Municipal, por medio del Cabildo, sí cuenta con facultades legales y competencia para ordenar la tierra, así como reconocerla.

Así lo estipula el Código Reglamentario Municipal en los artículos 115, fracción V, inciso E; artículo 11, fracción XV; y artículo 105, fracción IV, inciso E.

“Ni el municipio ni el estado hacen escrituras, las hacen los notarios. Lo que sí podemos hacer es apoyar para que esas escrituras cuesten muy poco o no cuesten nada, dando apoyos directos”, puntualizó Aceves López. 

A través de un comunicado se expuso que el ayuntamiento tiene un convenio con el Colegio de Notarios del Estado de Puebla para homologar el costo del trámite de escrituración, en beneficio de la ciudadanía.