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Usan gobiernos vacíos legales para promocionarse con estudiantes

  • Laura Ruiz
Advierte Cuauhtémoc Cruz Isidoro, especialista en Comunicación Pública, que el Congreso de la Unión debe endurecer límites
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Desde hace nueve años los estudiantes de educación pública en Puebla se han convertido en otro blanco más para promocionar a los gobiernos de políticos en turno con apoyos escolares, gracias a la falta de una legislación amplia que regule su imagen. 

En entrevista, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, académico del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla afirmó que los logos y colores que hemos visto en productos como los uniformes oficiales no son distintos a los de los edificios o papelería pública. 

"Pensemos que cuando hay cada cambio de gobierno se pintan los edificios del color del partido en el poder, sin que ello represente necesariamente una parte de mantenimiento, entonces es muy similar en el caso de los uniformes. 

"A veces se toman estas decisiones con tintes políticos para posicionar la imagen y los colores de un partido en específico, sobre la necesidad misma que tiene el propio estudiantado", explicó el especialista en Comunicación Pública. 

El uniforme escolar en los gobiernos poblanos 

En el caso de Puebla, fue en 2011 cuando el ex gobernador Rafael Moreno Valle presentó un uniforme único para que los padres de familia invirtieran en un diseño uniforme y de bajo costo, que además mostraba en grande el logo de su administración. 

En los siguientes años esa misma imagen que reproducía los colores de los partidos políticos que lo llevaron al poder, se plasmó en fachadas de escuelas, mochilas y tablets que se distribuyeron entre los estudiantes de todo la entidad. 

En 2015 y en vísperas de la renovación de la gubernatura decidió licitar la producción de los primeros uniformes escolares gratuitos que se caracterizaron por no estar acorde con las tallas de los niños. 

Posteriormente, con su sucesor José Antonio Gali Fayad, el logo de su gestión no sólo se observó en las prendas sino en los zapatos con materiales deficientes que se distribuyeron entre estudiantes de primaria y secundaria. 

Ya sin logos de gobierno, pero con la inversión de recursos públicos y denuncias sobre la mala calidad y el sobre costo de los uniformes, se repartieron las prendas licitadas en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido. 

Por su parte, en la gestión del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, aunque repiten el escudo estatal y consideran los colores grises, azul marino, blanco y rojo, sin embargo han sido criticados por sus costos y utilidad durante la pandemia. 

Vacíos legales 

Si bien en materia electoral se ha avanzado para que los edificios públicos no lleven los nombres de funcionarios como parte de los límites que establece el Artículo 134 constitucional, señaló Cruz Isidoro, estos han encontrado otras vías para promocionarse que no están reguladas como los uniformes y que responden a un sistema político que en general propicia el uso de la imagen política en el gobierno. 

Para entender cómo funciona ese sistema en México, el académico compara lo que se observa en el gobierno federal de Estados Unidos donde se conserva una identidad sin importar qué fuerza política está en el poder. 

"En la presidencia de los Estados Unidos no importa que sean republicanos o demócratas, pues el logo es el mismo, el escudo de la presidencia estadounidense y aquí en México vemos que es una práctica generalizada de cada nivel de gobierno. 

"De cambiar los logos, de cambiar la papelería, los colores, mucho con este fin de visibilizar qué es lo que hace el gobierno en turno", explicó. 

Llegar a una regulación, agregó, podría ser complejo pues implicaría el consenso de los partidos políticos mexicanos  para que se comprometan a no imponer una imagen propia al llegar a los gobiernos. 

Asimismo –dijo- sería idóneo que las reformas se hicieran a nivel constitucional y con intervención de otros actores electorales, a fin de que cada estado se vea orillado a armonizar sus leyes. 

"Tendría que ser una regulación de impacto nacional, sí tendría que regularlo el Congreso de la Unión, tendría que tener una parte activa el Instituto Nacional Electoral, porque creo que tiene muchas implicaciones", comentó. 

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