• Política

Por orden de la Corte aprobarán matrimonio igualitario en Puebla

  • Héctor Llorame
La CNDH impugnó en la Corte la prohibición del matrimonio homosexual en Puebla
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El Congreso de Puebla por fin legislará las uniones civiles entre personas del mismo sexo porque así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ordenamiento llegó justamente un año después de que diputados de Morena, PAN, PT, PVEM y PES se negaron a reconocer los llamados matrimonios igualitarios en el estado. 

El presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, reconoció este viernes que se recibieron tres requerimientos de la Corte, entre ellos uno que instruye las reformas al Código Civil del estado.

En rueda de prensa virtual a la que se negó el acceso a e-consulta, el legislador de Morena anunció que en los próximos días comenzará el análisis de los ordenamientos del alto tribunal para darles cumplimiento.

Aseguró que no hay intención de incurrir en desacato a la SCJN, así que se someterá a discusión el tema de los matrimonios.

Hace nueve meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso en la Corte una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la reforma que impide las uniones homosexuales.

Su recurso es el 01/2020 y aún no se ha resuelto en la SCJN, por lo que se desconoce de qué deriva el ordenamiento que recibió el Poder Legislativo.

La reforma impugnada fue impulsada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y se aprobó por mayoría el 8 de octubre de 2019 en el Congreso local.

Se requiere modificar el artículo 294 del Código Civil

Para que las uniones civiles sean una realidad en el estado, se requiere modificar el artículo 294 del Código Civil del estado, que actualmente establece: 

“El matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia”.

Biestro Medinilla señaló que otro ordenamiento de la Corte involucra modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mientras que el tercero se refiere a una reforma para permitir que las plataformas de transporte ejecutivo como Uber o Cabify puedan cobrar en efectivo.

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