El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta criticó a las policías municipales del estado, a excepción de la de San Martín Texmelucan, pues indicó que prácticamente no hacen detenciones.

El mandatario indicó que continuarán firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos, pues su deber como jefe del Ejecutivo es dotarlos de seguridad.

Mientras, con recurso de reclamación, interpuesto en la SCJN el ayuntamiento de Puebla reintenta frenar los decretos con los que el gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende controlar la seguridad pública en el municipio.

Descalifica a policías municipales

En su conferencia de prensa de este viernes, Barbosa descalificó la actuación de las policías municipales, pues indicó que han sido poco productivas, pues no realizan detenciones.

El gobernador hizo una excepción, pues indicó que los efectivos de Texmelucan sí han realizado aprehensiones de presuntos delincuentes. “La criticada Policía municipal de San Martín, ha hecho detenciones”, acotó.

A lo largo de su administración, Barbosa Huera ha asumido el mando de la seguridad en los municipios de Esperanza y Tlacotepec de Benito Juárez e intentó hacerlo en la capital del estado, pero la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se opuso al acusar intromisión a la autonomía municipal.

De acuerdo con la última actualización del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), correspondiente a agosto, de los 217 municipios del estado, 111 -que representan el 51 por ciento del territorio poblano- reportaron un aumento en su incidencia delictiva; en otros 14 casos no hubo cambios y 90 -que equivalen al 41 por ciento- registraron una reducción.

Solo siete de los 217 municipios del estado concentran la mitad de los 40 mil 686 delitos que se denunciaron entre enero y agosto de este año. Además de la capital, los otros son Tehuacán, San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Amozoc y Cuautlancingo.

Reintenta Rivera frenar decreto de Barbosa

El gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo mediante el cual se negó la suspensión provisional del decreto.

La suspensión se exige como medida cautelar para que el gobierno estatal no ejecute ninguna acción en tanto no se resuelva de fondo la controversia constitucional 46/2020 promovida por el ayuntamiento.

La Corte negó la protección provisional desde el 14 de julio, luego de la tercera ampliación de demanda realizada por el municipio tras el segundo decreto emitido por el gobierno.

Debido a la suspensión de plazos derivada de la pandemia, el alto tribunal apenas dio entrada al recurso de reclamación y lo registró con el número 95/2020-CA. 

“Fórmese y regístrese el expediente relativo al recurso de reclamación que hace valer el delegado del Municipio de Puebla, Puebla, contra el proveído de catorce de julio de dos mil veinte, dictado por el Ministro instructor, mediante el cual, se negó la suspensión de la medida cautelar en la tercera ampliación de demanda”, indica la notificación publicada este viernes en el portal de la SCJN.

“Se tiene por presentado al promovente, con la personalidad que tiene reconocida en los autos del expediente principal de la controversia constitucional 46/2020, y se tiene por interpuesto el recurso de reclamación que hace valer en representación del municipio actor y por aportadas las documentales que refiere, así como la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, legal y humano”, agrega.

Tras el nuevo recurso la Corte otorgó un plazo de cinco días hábiles para que el gobierno del estado y las demás partes que pudieran estar involucradas manifiesten lo que a su derecho convenga.

Rivera Vivanco se ha negado a acatar el decreto que Barbosa Huerta emitió el 13 de julio, bajo el argumento de que es ambiguo y atenta contra la autonomía municipal, igual que el del 25 de marzo, que fue el primero con el cual el gobierno buscó asumir el mando de la seguridad.

Al respecto el mandatario ha reprochado a la edil falta de voluntad para trabajar juntos, además de negarse como una estrategia para victimizarse y acusar persecución política en su contra.