Familiares de internos del penal de San Pedro Cholula señalaron a José Antonio Silva Ramírez, jefe de Custodia, de realizar cobros ilegales por el ingreso de abogados, por la renta de teléfonos celulares y por extender el horario de visitas íntimas.

e-consulta cuestionó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al ayuntamiento de ese municipio sobre el caso, pero la primera señaló que el penal estaba a cargo del segundo y viceversa.

Apenas la semana pasada se denunció la tortura y extorsión de un interno del Centro de Reinserción Social de Puebla, caso por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla dio inicio a una queja de oficio.

A su vez a principios de septiembre, se ventiló en redes sociales un video en donde se ve a un grupo de internos y un custodio que reciben con golpes e insultos a los nuevos reclusos en Tehuacán.

Acusan red de corrupción

Los familiares indicaron que custodios en Cholula les realizan cobros de entre mil y mil 500 pesos a los internos por la renta de teléfonos celulares, así como cuotas menores a los mil pesos para lograr el ingreso de abogados, pues actualmente hay restricciones por las medidas de prevención para evitar contagios de covid-19.

Los cobros al margen de la ley se extienden a otras áreas, por ejemplo, se cobra de mil a dos mil pesos para ampliar a toda la noche los horarios de visitas conyugales e incluso por la venta de alcohol.

Las familias dijeron bajo el anonimato que también se realizan cobros a personas que se colocan afuera del penal con puestos de dulces o de comida, pues se les pide por lo menos 500 pesos a la semana.

La recaudación de los fondos irregulares se realizaría a través de dos coordinadores de nombres Jesús Ramírez y Rolando Amallo, quienes a su vez los entregarían a Silva Ramírez.

De acuerdo con fuentes de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, tanto José Antonio Silva, como Jesús Ramírez y Rolando Amallo, contarían con una plaza tanto en la SSP como en el ayuntamiento de San Pedro Cholula, que tiene injerencia en el penal.

e-consulta revisó los directorios de ambas instancias, pero no se halló registro de los mismos, aunque la mayoría de los nombres de los empleados de la secretaría están clasificados como información reservada, bajo el argumento de que su difusión representa un riesgo.