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Recurre a TEPJF exsecretaria de Morena removida por dobletear

  • Héctor Llorame
Exige que Morena admita su queja contra la destitución
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María Isabel Lugo Chávez recurrió al TEPJF para intentar recuperar la Secretaría de Finanzas de Morena en Puebla, de la cual fue destituida tras detectarse que también cobraba en el ayuntamiento de la capital.

Con un juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca que sea admitida una queja para combatir su remoción.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), que dictó la separación del cargo, se negó a aceptar su impugnación con el argumento de que la promovió fuera del plazo legal.

La agraviada recurrió al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para buscar echar abajo dicha determinación, pero se declararon “inoperantes” sus argumentos.

Inconforme con este fallo fue que acudió al TEPJF para exigir que se ordene al órgano partidista la admisión de su queja.

Su juicio para la protección de los derechos político-electorales fue admitido por la Sala Regional Ciudad de México en el expediente SCM-JDC-152/2020 y en él reclama:

“La resolución de 9 de septiembre de 2020 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla que declaró inoperante el agravio que hizo valer la hoy actora, para controvertir el acuerdo de prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el expediente CNHJ-PUE-285-2020, integrado con motivo de una queja en su contra por supuestas faltas al Estatuto y Reglamento de ese partido político”.

Lugo Chávez fue removida el 18 de junio por la CNHJ como medida cautelar mientras la investigaba por un presunto mal uso del dinero del partido.

En agosto se acreditó que la acusada cobraba en Morena y también en el gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco, como analista tipo A en el departamento de Atención a Comunidades Indígenas de la Secretaría de Bienestar, con un salario mensual de 18 mil 80 pesos.

Como los estatutos de Morena prohiben ostentar un cargo público y uno partidista al mismo tiempo, se acordó destituirla de plano independientemente de si resulta inocente en la investigación sobre los recursos económicos.

La denuncia en su contra fue realizada por Mario Bracamonte González, exdelegado en funciones de dirigente estatal del partido, quien igual fue destituido, pero por considerarse que ya había concluido su encargo.

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