En Puebla se pretende tipificar el delito de “negligencia contra la salud de menores” para castigar hasta con ocho años de cárcel a los padres que se nieguen a vacunar a sus hijos.

Una iniciativa del diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) busca que, además de la prisión, se impongan multas de hasta 130 mil 320 pesos para los responsables.

Su propuesta presentada el miércoles en el Congreso del estado prevé que la pena mínima de cárcel sea de tres años y la multa más pequeña sea de 8 mil 688 pesos.

Para esto busca agregar dos artículos al Código Penal del estado, que se agruparían en la sección segunda y se denominaría “Abandono de personas y negligencia contra la salud de los menores”.

En el artículo 349 se establecería que: “comete el delito de negligencia contra la salud de los menores, quien ejerza la patria potestad, guarda, custodia, o tutela de un menor y omita proveer todas las vacunas que integran el Esquema Nacional de vacunación”.

Para las penas el artículo 349 Bis diría: “el delito a que se refiere el artículo anterior se sancionará con prisión de tres a ocho años y multa de cien a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización”.

Antivacunas violan derecho a la salud

Espinosa Torres argumenta que no vacunar a los menores pone en riesgo su desarrollo y su vida, además de que violenta su derecho a la salud.

“Los hijos no pertenecen, como objetos, a sus padres [...] aunque sean menores de edad tienen derechos, independientemente de la ideología o creencias religiosas de sus padres o tutores”, señala el legislador en su proyecto de ley.

“El derecho de los menores a una vida saludable, sin riesgos de contraer enfermedades infecciosas graves o gravísimas prevalece sobre el derecho de los padres a omitir la vacunación por razones de conciencia”, agrega.

Su iniciativa fue presentada en la sesión de la Comisión Permanente y se envió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la de Salud, para que sea analizada antes de su eventual aprobación.

En la sesión también se presentó la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo, para impedir agresiones o censura a comunicadores y sancionar a servidores públicos y particulares que obstruyan la labor periodística.