En el Congreso de Puebla se planteó una reforma para que únicamente las personas con título profesional puedan acceder a la gubernatura, diputaciones o secretarías de estado.

El mismo requisito se busca establecer para las subsecretarías y direcciones de área de las dependencias gubernamentales.

La iniciativa presentada por el diputado José Juan Espinosa Torres (del PT) pretende que además se aplique un examen de control y confianza al titular de la gubernatura.

Su propuesta contempla también que las secretarías, subsecretarías y direcciones deban ser encabezadas obligatoriamente por ciudadanos del estado.

El proyecto de reforma argumenta que dichos cargos exigen preparación profesional para ser ocupados, por lo que se debe fijar requerimientos más estrictos.

A decir del legislador, las medidas no son excluyentes ni discriminatorias, sino que representan “criterios de carácter técnico” para que la administración pública cuente con personal capacitado.

Para todo esto pretende modificar varias disposiciones de la Constitución Política del Estado, referentes a los requisitos para acceder a cargos públicos.

Actualmente sólo se exige saber leer y escribir

El artículo 36 constitucional vigente solo exige sobre la preparación “saber leer y escribir” para ser diputado local, por lo que se plantea modificar la fracción VI, para que ahora exija “título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.

El artículo 74 actualmente no contiene ningún requisito académico para ocupar la gubernatura del estado, así que se proyecta que la fracción IV establezca la obligatoriedad de un título profesional.

También se propone agregar una fracción VII, que obligaría a “aprobar la evaluación de control de confianza” para ser titular de la gubernatura.

Sobre las secretarías, subsecretarías y direcciones, se busca modificar el artículo 84 para que en su fracción II establezca como requisito “ser ciudadano del estado” y, en la III, requiera “título profesional de licenciatura afín al ramo de su competencia, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.

La iniciativa de Espinosa Torres se envió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.