Ante las 13 quejas interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra sendas leyes aprobadas por el Congreso del Estado, el académico Simón Alejandro Hernández, catalogó el trabajo de la legislatura poblana como ocioso y deficiente.

En entrevista con este medio, el coordinador de la licenciatura en Derecho, en la Ibero Puebla, explicó que estas querellas interpuestas por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron causadas por un quehacer que ignora las sentencias emitidas por el máximo órgano del Poder Judicial, en temas sensibles y controversiales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha promovido 13 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra leyes y reformas  aprobadas por el Congreso del estado de  Puebla.  En 7 de esos juicios interpuestos, el máximo tribunal de justicia en el país dio la razón a la CNDH.

“Es un indicador de un desempeño (legislativo) cuando menos dudoso, pues trece impugnaciones en dos años no es un fenómeno común, podría delatar muchos problemas en la calidad legislativa y en el respeto a los derechos humanos”, explicó el docente universitario experto en estudios latinoamericanos.

También declaró su franca preocupación por estos episodios, pues revelarían falta de pericia en su quehacer, al pasar por alto los parámetros de técnica legislativa, o el que exista sumisión por parte del congreso hacia el gobernador Miguel Barbosa, al aprobar en automático la mayor parte de sus iniciativas.

Además, agregó que la legitimidad democrática de la que gozan los representantes populares está siendo desaprovechada, al tener un alejamiento de la oferta  electoral planteada hace dos años, al rozar con lo fraudulento en términos de cumplir con lo prometido en campaña, en el caso de Morena.

El maestro en derechos humanos consideró que la negativa a legislar el matrimonio igualitario va en sentido contrario a los parámetros internacionales.

Recalcó que se esperaría que la legislatura de mayoría morenista atendiera a los marcos legales o a su propio programa político, sin embargo, ha optado por continuar con una medida discriminatoria al no renovar el contenido del mencionado código.