Luego de que Miguel Barbosa tomara protesta el 1 de agosto de 2019 como mandatario del estado poblano, ya un año ha pasado y su administración no parece asentarse ni tener un camino.
En el reportaje realizado por Proceso se relatan las cuitas que analistas han considerado para la narrativa del gobierno barbosista.

Gabriela Hernández / Proceso

PUEBLA, PUE.- En el primer año de su gobierno, Miguel Barbosa Huerta ha captado en diversas ocasiones los reflectores por sus polémicas frases y su abierta confrontación con periodistas, empresarios y actores políticos locales y federales.

En su discurso de toma de protesta, el 1 de agosto de 2019, el mandatario ofreció que sería “el más equilibrado de los poblanos”. Sus dichos lo contradijeron pronto. “Los castigó Dios”, dijo en alusión a la muerte de la gobernadora Martha Érika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle.

“Si ustedes son ricos, tienen riesgo; si son pobres, no. Los pobres estamos inmunes (al covid-19)”, dijo en conferencia de prensa el 25 de marzo, y “la vacuna contra el coronavirus es un plato de mole poblano con guajolote”, aseveró en un acto público el 14 de marzo. Ambas expresiones se volvieron virales.

El politólogo Juan Luis Hernández Avendaño señala en entrevista que precisamente esta “banalización” discursiva es uno de los rasgos que han marcado el estilo de gobierno de Barbosa Huerta en su primer año y le han dificultado gobernar con la sociedad; precisamente una de las principales críticas que se hizo al gobierno de Moreno Valle.

El también director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla apunta que estos errores de comunicación que cometió en un principio Barbosa y que marcaron su narrativa, sin duda han tenido un impacto en la forma en la cual los poblanos han asumido los riesgos de la pandemia.

Claudia Ramón Pérez, catedrática investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, dice a la reportera que, si bien el primer año de la administración barbosista tiene que analizarse con la salvedad que ha implicado la contingencia para todos los gobiernos, igual ha dejado ver su desempeño en la crisis.

Aunque reconoce que el mandatario ha tratado de reorientar su estrategia con medidas “adecuadas”, como convocar a un pacto comunitario para enfrentar la contingencia, coincide en que el modelo de comunicación que tiene Barbosa con la sociedad, no contribuye a solucionar problemas.

Aunque en el discurso el mandatario dice respetar y escuchar, la académica sostiene que, en la práctica, Barbosa abre constantes frentes.

El caso más reciente, indica Ramón Pérez, es el diálogo que sostuvo con los principales empresarios de la entidad para analizar una posible fecha de reactivación de la economía, del cual excluyó a los líderes de cámaras empresariales a los que acusó de asumir una posición de “rivalización” contra su persona.

Al mismo tiempo, expone que el mandatario evade mecanismos de transparencia sobre el manejo de recursos y licitaciones, con lo cual la ciudadanía carece de información para medir su desempeño.

No en balde, señala, en las evaluaciones sobre el desempeño de los gobernadores frente al covid-19, Barbosa aparece entre los peor calificados, y Puebla se ubica entre las entidades con más contagios y muertes en el país.

Lidia Aguilar Balderas, coordinadora de la maestría en Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señala a Proceso que el gobierno de Barbosa se ha caracterizado por las contradicciones, pues su lema de campaña fue la reconciliación, pero ha tenido una postura “exacerbada” de confrontación.

La catedrática considera que su estilo de gobernar se ha caracterizado por “no cuidar las formas” y no tener empacho en mostrar su enojo, en regañar, reclamar y agredir públicamente.

“Es una forma de hacer política que no se había visto ni con gobiernos priistas”, comenta Aguilar, quien señala que esto ha generado que la crispación social que ya existía en Puebla desde los comicios de 2018, en cierta medida prevalezca, lo mismo que la percepción de persecución y revanchismo político.

Indica que hasta ahora el gobierno de Barbosa se muestra igual de autoritario que el de Moreno Valle.

“La diferencia entre uno y otro -señala-es que Moreno Valle cuidaba su discurso, el papel que le correspondía en la estructura del gobierno y las formas; con Barbosa hay una concentración pública en él, él es el gobierno, y no parece importarle cuidar esa parte de la comunicación social.”

Los pleitos

Hernández Avendaño considera que Barbosa ha tratado de reproducir en Puebla algunos elementos discursivos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, agrega, ha asegurado que existe un Bloque Amplio Opositor (BOA) poblano, que busca hacer fracasar a su gobierno.

Como integrantes de este BOA ha ubicado al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; al rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez; a su exoperador político y exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla; a la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, y a varios líderes empresariales.

A los rectores de universidades públicas y privadas que se inconformaron con la Ley Estatal de Educación los acusó de ser “conservadores” que quieren preservar sus canonjías, a los dirigentes de cámaras empresariales les ha reclamado que no han dado “ni un kilo de frijol” para apoyar a la gente durante la pandemia y a los panistas los califica de “radicales y marginales”.

El mandatario lo mismo regaña públicamente a los asistentes a eventos, que a los reporteros y a sus colaboradores.

“Poblanos de ende (sic) dejarán de ser”, les soltó a los participantes en un acto público el 8 de agosto de 2019, cuando apenas arrancaba su gobierno, que será de cinco años.

Igualmente descalificó al subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell; dijo que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, es un “chocante”; ha acusado que el gobierno federal manipula cifras sobre la ocupación hospitalaria, y al IMSS, de retrasar sus reportes sobre la pandemia.

Mientras afirma ser leal a López Obrador “hasta el último suspiro”, en distintos foros se ha quejado de no haber recibido ningún apoyo de la federación para atender la contingencia. Aguilar Balderas indica que esta postura pública de Barbosa pareciera más de un gobierno de oposición, no del mismo partido que el gobierno federal.

Cuando el Comité Estatal de Participación Ciudadana, apoyado por asociaciones civiles, pidió al gobernador transparentar los recursos aplicados en la estrategia contra el covid-19, acusó a sus integrantes de ser parte del “morenovallismo más puro” y dijo que ese órgano debe ser renovado.

A su vez, la alcaldesa morenista Rivera Vivanco presentó una controversia constitucional contra el gobierno estatal en la cual acusa al gobernador de violentar la autonomía del ayuntamiento por querer imponer al titular de Seguridad. Además, la edil interpuso una denuncia por violencia política de género contra Barbosa.

En tanto que el rector de la BUAP tramitó un amparo con el que, aseguró, trata de evidenciar una presunta persecución política que sufren él y su familia por parte del mandatario, pues el gobierno estatal presentó una denuncia contra su hija Luz Andrea Esparza por supuesto lavado de dinero.

Otros actores políticos, como el diputado local José Juan Espinosa; la esposa de éste, la senadora Nancy de la Sierra, y la diputada federal panista Verónica Sobrado, han acusado también al mandatario.

Hernández Avendaño menciona que el conflicto entre Barbosa y Rivera Vivanco deriva de la misma composición de Morena, como movimiento de “agregación de intereses” y perfiles discordantes, que sirvieron para ganar la campaña presidencial, pero que al ser gobierno se desencuentran.

Esto, apunta, igual se refleja en la composición del gobierno estatal, en donde se congregaron intereses, entre ellos algunos expriistas financiadores de la campaña y exmorenovallistas como Gerardo Islas y Marcelo García Almaguer, que operan con el barbosismo “para salvarse de posibles juicios”.

Lo mismo ocurre en medios de comunicación que en el pasado fueron morenovallistas y ahora están al servicio de Barbosa, anota.

“Gobierno en construcción”

Hernández Avendaño considera que, a un año, el gobierno de Barbosa no ha acabado de asentarse y de establecer sus bases de legitimidad.

Con nueve cambios de secretarios en el gabinete -en una de las dependencias, la Secretaría de Administración, con tres titulares en dicho periodo- es de suponer que el gobierno no ha terminado por tomar los hilos de procesos fundamentales.

“Es un gobierno, que aún está en construcción”, sostiene el académico al señalar que en este sentido el aterrizaje de la 4T en Puebla ha sido “caótico”, pues no se percibe rumbo y apenas ha llegado a dibujar algunos proyectos de gobierno.

Añade que el gobierno no ha terminado de adquirir la legitimidad que le podría dar, por ejemplo, llevar a tribunales a funcionarios de administraciones pasadas, no como chivos expiatorios sino con procedimientos institucionales contra los que se enriquecieron con la corrupción o violaron los derechos humanos durante el morenovallismo.

“Ha habido esbozos y amagos, pero nada firme hasta ahora”, añade el analista. El único encarcelado es Eukid Castañón, considerado uno de los más característicos representantes del morenovallismo, pero los delitos que se le imputan hasta ahora surgen de una demanda presentada por su expareja sentimental.

También, menciona Hernández Avendaño, se ha anunciado la posibilidad de reabrir el caso Chalchihuapan, el más emblemático de violación a derechos humanos durante la administración panista, pero nada se ha concretado.

Por otra parte, el politólogo expone que Barbosa ha dado continuidad a prácticas de autoritarismo, como la subordinación del Legislativo y la designación a modo de los titulares e integrantes de órganos autónomos.

En el caso del nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señala que la Ibero Puebla dio seguimiento al proceso y pudo confirmar que recayó en el candidato del Ejecutivo.

Los académicos coinciden en que la seguridad ha sido uno de los pocos renglones en los que el gobierno estatal ha tenido avances.

“La captura de una decena de líderes delincuenciales que operaban en la entidad es un avance, pero aún no puede verse con claridad esto, por el confinamiento a que ha obligado la pandemia”, comenta Hernández Avendaño.

En tanto que Aguilar Balderas también menciona la mano firme que hasta ahora ha mantenido el gobierno de Barbosa ante las amenazas de un grupo político como Antorcha Campesina.

Hernández Avendaño advierte que con cuatro años por delante habría que esperar que el gobierno de Barbosa sea capaz de aprender y acabe por construir las bases de legitimidad democrática de su gobierno, sin alimentar el discurso de polarización. “A nadie nos conviene que lleven al fracaso a la 4T, porque eso abriría la puerta al Bolsonaro mexicano”, remata.