Hasta con 12 años de cárcel plantean castigar en Puebla a funcionarios y particulares que cometan robo de identidad, mientras que los civiles podrían recibir hasta ocho años de prisión.

En el Congreso local se busca tipificar por fin este delito dentro del Código Penal del estado, debido a que el estado carece de legislación en la materia y los casos van en aumento en todo el país.

Una iniciativa presentada por el diputado Gerardo Islas Maldonado (de Nueva Alianza), propone que, además de la cárcel, se impongan multas de 52 mil 128 pesos a 78 mil 192 a los servidores públicos o particulares involucrados.

Si el ilícito fuera perpetrado por civiles, solamente prevé multas de 34 mil 752 pesos a 52 mil 128.

Su reforma contempla agregar al código un capítulo 26, que se titule “robo de identidad”, compuesto solo por dos artículos.

En el artículo 479 se describiría el delito y se establecerían las penas:

“Comete el delito de robo de identidad el que por sí o por interpósita persona, se apodere, transfiera, utilice o disponga de datos personales o financieros de otra sin autorización de su titular.

Se impondrá una pena de uno a ocho años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa a quien cometa el delito de robo de identidad, independientemente de las sanciones administrativas o penales que puedan corresponder a la conducta realizada”.

El 478 señalaría que las penas aumentarán la mitad para los servidores públicos o particulares que cometan robo de identidad.

“Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que aprovechándose de sus funciones tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales, en términos de la ley en la materia”, advierte la iniciativa.

Su propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su análisis y posible aprobación.

Transparencia en lenguas nativas 

La diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve (de Morena), por su parte presentó una iniciativa para que las comunidades indígenas tengan derecho a recibir información pública en sus lenguas nativas.

Para esto propuso modificar el artículo 6 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública Del estado, que actualmente dice: “toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin discriminación, por motivo alguno. Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados”.

Su propuesta es agregar un párrafo que diga: “el derecho fundamental a la información pública de los pueblos y comunidades indígenas en el estado, se realizará en su lengua, cuando así lo soliciten”.

Su iniciativa se envió a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para que sea analizada y aprobada.