La bancada del PAN en el Congreso de Puebla acusó al gobierno estatal, al municipal y a los legisladores de Juntos Haremos Historia de utilizar la crisis sanitaria por Covid-19 para hacer negocios e imponer leyes a modo.

El coordinador de los diputados panistas, Oswaldo Jiménez López, denunció que el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la mayoría en el Poder Legislativo aprovecharon la distracción de la gente para aprobar en “fast-track” la nueva Ley de Educación.

En lo que hace a los gobiernos municipales, señaló que el de la capital, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, intentó beneficiarse mediante “presuntos actos de corrupción” en la compra de respiradores artificiales usados.

En rueda de prensa por internet, el panista reclamó a sus compañeros de Morena, PT y PES por sacar al vapor la norma educativa sin sostener diálogo ni mesas de trabajo con universidades y escuelas.

Como consecuencia de ello enfatizó que la ley es ambigua, con vacíos legales, excesiva y no da certeza jurídica, lo cual ha desatado una ola de críticas a nivel nacional.

A decir del diputado, si hubiera habido diálogo con los sectores y un análisis profundo entre diputados, se habría mejorado el contenido de la norma y evitado que la inconformidad escalara al plano nacional.

Ven ambigüedades

Jiménez López enlistó varios aspectos que la bancada y la dirigencia estatal del PAN consideraron ambiguos o incluso violatorios de derechos constitucionales.

Entre ellos se encuentra el hecho de la ley establece que el contenido de los planes de estudios tendrán perspectiva de género, ideología de género e igualdad de género, pero en la ley no se incluyeron las definiciones de estos conceptos, de modo que existe un vacío.

También reprobó la injerencia que ahora tendrá la Secretaría de Educación en la regulación de cuotas y colegiaturas de escuelas privadas, pues dijo que la ley “sobre facultó” a la dependencia para ejercer esta tarea que compete a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

A esto sumó que el artículo 105, que declara a los bienes muebles e inmuebles como parte del Sistema Educativo Estatal, es ambiguo porque no precisa las consecuencias, alcances ni límites que tendrá el gobierno sobre los bienes de las escuelas privadas.

Si bien aclaró que no hay lugar para una expropiación, enfatizó que se debió establecer claramente la injerencia que habrá de la Secretaría de Educación sobre las instalaciones de las instituciones particulares para dar a estas certidumbre jurídica.

Por ello condenó que la ley se haya aprobado sin consenso y sin aceptar las propuestas modificatorias que planteó la oposición, tanto en comisiones como en el pleno del Congreso.

Acusan corrupción del ayuntamiento

Jiménez López también acusó que el ayuntamiento de Rivera Vivanco cometió “posibles actos de corrupción” en la compra de 12 respiradores artificiales usados que pretendía donar a la Secretaría de Salud del estado.

El panista reiteró que su bancada buscará que la alcaldesa comparezca en el Poder Legislativo para rendir cuentas de estos hechos y anunció que el jueves, en la sesión de la Comisión Inspectora, demandará la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE).