El presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que sigue en pie su reforma para castigar con cárcel las "noticias falsas" durante una contingencia sanitaria, a pesar del rechazo de ONU-DH, pues acusó que en los gobiernos panistas el organismo no protestó y guardó silencio.

Aún con la petición expresa de no aprobar la iniciativa y derogar las penas vigentes contra medios de comunicación, el diputado de Morena descartó este martes hacer caso a las demandas y sólo accedió a corregir su proyecto de ley.

El coordinador de la bancada morenista negó que él y su compañera Nora Merino Escamilla (del PES) pretendan restringir la libertad de los medios de comunicación, como alertó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), por el contrario, presumió que con el nuevo régimen gozan de más libertad que nunca.

Pese a haber demandado a e-consulta por ventilar su presunta alteración de documentos, Biestro Medinilla aseguró que hay libertad para publicar lo que sea sin temor a represalias.

"Ahora, tú mismo lo sabes, tu medio lo sabe: pueden decir cualquier cosa y nadie ha ido a quitarles el medio o a hacerles nada. Ahorita estamos viviendo una libertad de prensa de carácter muy institucional. Todo mundo tiene derecho a defenderse, a recurrir a diversas instancias o instituciones", afirmó en rueda de prensa por internet.

Reclama silencio de ONU con RMV

Tras el rechazo de ONU-DH a su iniciativa, el morenista reclamó que esta y otras organizaciones que ahora lo han criticado, en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle no dijeron nada.

"Varias de esas organizaciones que ahora se quejan, no dijeron ni pío cuando Rafael Moreno Valle gobernaba y traía a los medios de comunicación de bajada, y ahora resulta que están muy preocupados por una reforma que lo que busca es salvaguardar la tranquilidad de la sociedad y evitar pánico, evitar estallidos, evitar confusiones. Eso es lo que busca", apuntó.

Aunque sostuvo que no ignorará el oficio enviado la semana pasada por Jesús Peña Palacios, representante en México de ONU-DH, advirtió que no cumplirá con sus demandas y no tiene pensado retirar su propuesta.

Esto con el argumento de que es necesaria una regulación, porque en la contingencia por Covid-19 se ha registrado un exceso de rumores y desinformación en redes sociales y medios de comunicación, que ponen en riesgo a la ciudadanía.

"En esta época vimos muchas cuestiones para atemorizar a la sociedad, la gente ha sido víctima; Estas noticias han generado psicosis y agresiones contra el personal de salud (...) pero se va a hacer lo que la gente opine y yo creo que la gente requiere esto. No lo desestimamos (el oficio de ONU-DH) lo vamos a respetar y estudiar, pero no estamos en la idea de echar abajo la reforma", sentenció.

Descarta derogar penas vigentes

Biestro Medinilla descartó también suprimir las penas de hasta 12 años de cárcel que existen actualmente por la difusión de noticias falsas.

Aunque ONU-DH exigió derogar el artículo 165 del Código Penal del estado, el legislador desechó la petición aunque no explicó por qué.

Dicho artículo actualmente establece: “se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La pretensión de Biestro Medinilla y Merino Escamilla consistía en agregar un párrafo que dijera: “la misma sanción (de hasta 12 años de cárcel) se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado".