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Policía Municipal gana a Estatal en detenciones: Rivera a Barbosa

  • Patricia Méndez
En el bimestre de marzo y abril la corporación municipal ejecutó 216 por ciento más aseguramientos de presuntos delincuentes, señala la alcaldesa
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La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, presumió una productividad 216 por ciento superior de la Policía Municipal sobre la Secretaría de Seguridad Pública estatal, al reportar 361 detenciones más de presuntos delincuentes entre marzo y abril en la capital de la entidad.  

En medio de la pugna que hay entre Rivera y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el mandatario ha insistido en que la policía capitalina es prácticamente inexistente y que son los efectivos estatales los que garantizan la seguridad en la Angelópolis.

Este lunes, la alcaldesa de Puebla ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que hay un trabajo coordinado con el gobierno del estado, aunque evitó abundar en el asunto.

Detenciones municipales son más, asegura

Durante la presentación, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Martínez Rosales, señaló que entre marzo y abril la Policía Estatal realizó 167 detenciones de presuntos delincuentes en la ciudad de Puebla, mientras que los efectivos municipales efectuaron 528.

La diferencia asciende a 361 aprehensiones más realizadas por el gobierno capitalino que equivalen a un 216 por ciento.

Estos dos meses comprenden el periodo en que ha estado Raciel López Salazar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Según la información presentada, en ambos casos destaca el aseguramiento de personas que cometieron robos, delito que concentra más reportes. Sin embargo para el caso del estado suman 83 casos contra 345 del municipio, es decir, 262 más que equivalen a un 315 por ciento.

En delitos contra la salud –como el narcomenudeo- el estado realizó 45 detenciones y el municipio 47, los dos casos de diferencia equivalen a un cuatro por ciento a favor del gobierno capitalino.

En las aprehensiones de personas que portaban instrumentos prohibidos, destaca nuevamente el ayuntamiento con 36 casos, mientras que el gobierno del estado registra ocho, lo que implica una diferencia de 28 que equivale a un 350 por ciento.

La comuna indicó también que detuvo a 25 personas que presuntamente incurrieron en delitos que atentan contra la vida, mientas que la SSP reportó 7, lo que se traduce en una diferencia de 18 casos, es decir de 257 por ciento.

Otro caso es el que tiene que ver con detenciones por violencia familiar. El gobierno del estado aprehendió a siete personas y el municipio a 18, una diferencia de 157 por ciento.

El gobierno capitalino informó que duplicó las aprehensiones de presuntos responsables de delitos sexuales, en relación con las que hizo el estado, al pasar de cuatro a ocho.

En la categoría “otros delitos contra el patrimonio”, el gobierno estatal registró siete y el ayuntamiento 37, lo que implica 30 casos más que representan un 429 por ciento.

El municipio también presumió que realizó detenciones en delitos en los que el estado no reportó, como ataques a las vías de comunicación (7), fraude (3), abuzo de confianza (1), usurpación de funciones públicas (1).

En contraste, señaló que la SSP encabezó cuatro aprehensiones de resistencia de particulares y dos más por quebrantamiento de sellos, categorías en las que el municipio no actuó.

Si los casos se desglosan por mes, el ayuntamiento reportó 223 a su favor contra 60 en marzo y en abril las cifras fueron de 175 a 56.

En por lo menos tres ocasiones, Barbosa Huerta acusó de “inacción” a la policía capitalina, pues aseguró que abandonó su función de resguardar a los capitalinos y de combatir la delincuencia, particularmente en mercados municipales.

Hay que recordar que en marzo pasado, el gobernador anunció que asumiría el control de la seguridad en la capital, y designó como delegada a Carla Morales Aguilar, pero la decisión no se ha concretado hasta el momento.

En respuesta, el gobierno capitalino presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que acusó al gobierno del estado de violentar la autonomía municipal. Los magistrados aún continúan en el análisis del recurso.

Por otra parte, Rivera y Rosales aseguraron que la Fiscalía General del Estado no investiga a ningún elemento municipal por presunta corrupción, como lo afirmó Barbosa.

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