Tras la polémica por la intención de Morena de castigar con cárcel las “noticias falsas” durante una contingencia, ahora buscan que el gobierno tenga un sitio en internet exclusivamente para desmentirlas.

Una iniciativa que se presentará en el Congreso de Puebla plantea que en una crisis sanitaria, como la de Covid-19, se habilite un portal donde se exhiba la desinformación y se refuten con datos oficiales notas periodísticas, mensajes de redes sociales o rumores.

Se propone que en la página se difundan también los datos actualizados sobre contagios, defunciones y casos sospechosos.

Para esto se contempla reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, a fin de establecer que el sitio deberá contener “datos verificables que rectifiquen noticias falsas identificadas a partir de un monitoreo realizado coordinadamente por la dependencia estatal en materia de salud pública y los demás órganos establecidos mediante acuerdo, que permita proteger la salud pública y analizar tendencias digitales”.

De acuerdo con el artículo 70 bis que se propone añadir a la ley, el portal también deberá incluir “el número de personas contagiadas por la enfermedad grave de atención prioritaria en el territorio estatal, los casos sospechosos y el número de defunciones, cifras que deberán ser actualizadas diariamente lineamientos dependencia estatal en materia de salud pública”.

A la vez se planea que el gobierno tenga la obligación de “promover la celebración de acuerdos de colaboración y medidas de coordinación estratégica con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, plataformas digitales y medios de comunicación, que tengan por objeto articular campañas de información verificada y distribuir datos indispensables para la prevención, atención y contención de la enfermedad grave de atención prioritaria”.

La propuesta señala que esto deberá llevarse a cabo dentro de los tres días posteriores a que “el Consejo de Salubridad General determine la existencia una enfermedad grave de atención prioritaria, especialmente en el contexto de una pandemia o epidemia.

La iniciativa se presentará el lunes por el expanista y ahora diputado sin partido, Marcelo García Almaguer y será analizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.

Piden derogar penas como pidió la ONU

Otra reforma busca eliminar las penas de cárcel que actualmente existen en Puebla contra medios de comunicación, luego de que fueron criticadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Para ello se busca derogar el artículo 165 del Código Penal, que dice:

“Se aplicarán prisión de dos a doce años y multa hasta de doscientos días de salario, a quien haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación”.

La supresión del artículo es promovido por el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres y será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Esto tras la polémica que generó la iniciativa del presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla (de Morena) y Nora Merino Escamilla (del PES), que pretendían agregar a dicho artículo un párrafo que dijera:

“La misma sanción (de hasta 12 años de cárcel) se aplicará a quien, durante una situación de emergencia sanitaria, epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia, catástrofe que afecten al país o cualquier otra causa de fuerza mayor que afecte al Estado, difunda o transmita información falsa por cualquier medio de comunicación o plataformas digitales, con la que se genere miedo, temor o confusión en la población, o provoque descrédito o contradicción con las acciones o políticas implementadas por el Estado”.

La reforma llegue criticada por diversas organizaciones civiles y hasta por la ONU-DH, que la semana pasada exigió al Congreso de Puebla rechazar la iniciativa de Biestro Medinilla y Merino Escamilla, además de derogar el artículo 165 del Código Penal vigente.

Foto: Archivo e-consulta