Morena también busca castigar en Puebla la filtración de imágenes y videos sobre feminicidios y pretende sancionarla hasta con ocho años de prisión y multa de 86 mil 880 pesos.

Una iniciativa presentada en el Congreso del estado contempla que, además de las penas anteriores, se inhabilite a los servidores públicos que incurran en estas prácticas.

La propuesta se suma a las presentadas por las bancadas del PRI, PT y PES, que por separado han planteado en distintas iniciativas hasta 12 años de prisión por la difusión de material que re-victimice o exhiba la identidad de víctimas de delitos.

La reforma morenista solo prevé ocho años como pena máxima, mientras que las sanciones mínimas serían de tres meses de cárcel y multa de 43 mil 440 pesos.

Sin embargo, esto aplicaría solo para las filtraciones en casos de feminicidios, pues la iniciativa se concentra en el artículo 338 bis del Código Penal del estado, que aborda este delito.

El proyecto de ley consiste en agregar a dicho artículo un párrafo que diga:

“La o el servidor público que filtre imágenes o videos de la víctima a medios de comunicación, redes sociales o a cualquier otra persona ajena a la investigación, se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo. Además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo, o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta”.

En la actualidad este artículo señala: “a quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción conforme a lo establecido en las Secciones Segunda y Cuarta”.

La iniciativa es promovida por la diputada María del Carmen Saavedra Fernández y se encuentra bajo análisis de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, igual que las otras propuestas similares.

La intención de castigar las filtraciones surgió en varios diputados luego del caso de la joven poblana Ingrid Escamilla, asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México en febrero.

Como las fotos de su cuerpo se difundieron en redes sociales y medios de comunicación, igual que el video de una entrevista que policías de la capital del país realizaron al agresor, se visibilizó la necesidad de impedir que los servidores públicos que tienen el primer contacto con las víctimas revelen su identidad o los detalles de la zona del crimen.