En Puebla se busca establecer una fiscalía especializada para investigar la tortura, un registro estatal de víctimas y una comisión especial que dé seguimiento a los casos.

La fiscalía dependería de la Fiscalía General del Estado (FGE) y tendría que estar a cargo de una persona especialista en el tema.

Así lo busca la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes del Estado, propuesta en el Congreso local.

Con esta norma se pretende regular la atención e investigación de estos delitos, vigilar el respeto a los derechos humanos y fijar protocolos para la actuación de servidores públicos.

Se planea que este proyecto de ley remplace a la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar, y en su caso, Erradicar la Tortura en el Estado, que se encuentra vigente desde 2014 pero ya se considera obsoleta.

La fiscalía especializada 

Para la operación de la fiscalía especializada, el artículo 52 de la iniciativa de ley señala que deberá contar con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados, además de que estará dotada de recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación.

Entre las funciones y obligaciones del órgano se encuentra el iniciar y desarrollar la investigación y persecución de hechos delictivos relacionados con la tortura; decretar las medidas de protección en favor de la vida o la integridad de las víctimas y solicitar las medidas cautelares aplicables para los imputados.

El artículo 7 que se propone enfatiza que la fiscalía deberá investigar y perseguir el delito de tortura de oficio, por denuncia, vista de la autoridad o por “cualquier otro medio por el que tenga conocimiento”.

Y destaca que “toda persona que alegue haber sido sometida a tortura, tiene derecho a presentar una denuncia y a que su caso sea pronta e imparcialmente investigado por la autoridad competente”.

Registro estatal de víctimas

El registro estatal de víctimas que se plantea serviría como una herramienta de investigación e información estadística, ya que incluiría el número de víctimas y los datos de todos los casos en los que se denuncie y se investigue los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, imputados a los Servidores Públicos estatales y municipales.

Entre otros datos, tendría el lugar, fecha, circunstancias, técnicas utilizadas como actos de tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes, las autoridades señaladas como posibles responsables, el estatus de las investigaciones y la información referente a la víctima, como su situación jurídica, edad y sexo.

Por su parte la Comisión Estatal de Víctimas se encargaría de dar seguimiento a las investigaciones y vigilar que se desarrollen apegadas a la ley.

La iniciativa para esta nueva ley fue presentada por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena) y se encuentra en revisión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.