El gobernador Miguel Barbosa Huerta pretende aumentar la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que por fin existan fiscalías especializadas en delitos de género, desaparición forzada, extorsión y delitos electorales.

Con una iniciativa enviada este miércoles al Congreso del estado, también busca crear una Oficialía Mayor; coordinaciones de Estadística y Asuntos Jurídicos, así como la unidad de Extinción de Dominio.

El proyecto de ley al que accedió e-consulta consiste en una serie de reformas a la Ley Orgánica de la FGE, varias de ellas “propuestas” la semana pasada por el fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, cuando compareció ante los diputados antes de su designación en el cargo.

Al poder Legislativo solo le corresponderá aprobar la creación de áreas, pero funciones y facultades de cada una las asignará el fiscal en un lapso no mayor a 90 días después de que entren en vigor las reformas del gobernador.

La nueva estructura

Para la creación de los órganos se modificaría el artículo 9 de la Ley Orgánica, a fin de que establezca:

“La Fiscalía General, para el despacho de asuntos que le competen, estará integrada por: I. La Fiscalía de Investigación Metropolitana; II. La Fiscalía de Investigación Regional; III. La Fiscalía especializada en Derechos Humanos; IV. La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

V. La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión; VI. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; VII. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales VII. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia; y IX. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género”.

Las fiscalías de Investigación Metropolitana, Investigación Regional, Derechos Humanos y Combate a la corrupción ya existen, mientras que la actual Fiscalía Especializada de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) cambiaría de nombre a Secuestro y Extorsión, en tanto que el resto de las enlistadas serían las de nueva creación.

Coordinaciones y Unidades

En el mismo artículo 9 de la Ley Orgánica se propone entablar una Oficialía Mayor; una Oficina del Fiscal General; una Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y una Coordinación General de Colaboración Interinstitucional.

También la Coordinación General de Estadística y Sistemas de Información; la Coordinación General de Gestión Documental Institucional; la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; la Coordinación General de Servicios a la Comunidad y la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio.

Rotarán agentes y MPs

La iniciativa de Barbosa Huerta también proyecta la rotación periódica de agentes investigadores y del Ministerio Público para evitar actos de corrupción.

Para esto se agregaría un artículo 65 a la ley, a fin de que: “los Agentes Investigadores, los Ministerios Públicos y sus auxiliares, deberán ser rotados en una temporalidad no menor a seis meses ni mayor a un año”.

El tercer artículo transitorio del proyecto advierte que, de aprobarse, la primera rotación deberá realizarse dentro del primes mes posterior a la promulgación de las reformas.

Denuncias ciudadanas

Ante las recurrentes quejas contra el personal de la fiscalía por negligencia, se buscará obligar a la Visitaduría General a que admita y dé seguimiento a los reclamos ciudadanos, incluso los presentados de forma anónima o por medios electrónicos.

“A ninguna persona se podrá limitar el derecho de presentar denuncia en contra de los integrantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Para efecto de hacer accesible el mecanismo de denuncias la Fiscalía General, tendrá un área adscrita a la Visitaduría General, la cual podrá recibir quejas anónimas, incluso por medio electrónico. Para tal efecto, la Fiscalía General deberá crear una página o vínculo para facilitar las mismas.

Así también la Fiscalía General deberá de contar con un buzón de denuncia ciudadana en todos los Distritos Judiciales en que se divida el Estado. Las denuncias deberán ser investigadas y concluidas por la Visitaduría General, en un término que no exceda de cuarenta y cinco días naturales una vez presentadas y de resultar ciertas, deberán hacerse del conocimiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, para efectos de dar la noticia criminal al órgano correspondiente”, sentencia el artículo 65.

La iniciativa del gobernador fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y discusión antes de su aprobación.