Un análisis sobre la “Ley Mordaza” y las demandas que enfrenta el portal digital e-consulta y su director Rodolfo Ruiz, son los temas que el  periodista, Alejandro Mondragón presenta en su columna Al Portador publicada en el portal de noticias www.statuspuebla.com.mx, en donde afirma lo siguiente:

Las absurdas demandas civiles de funcionarios y políticos identificados con la 4T contra el portal de noticias e- consulta y el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, confirman que el poder iguala. Hay que recordar que la famosa “Ley Mordaza” que aprobó el Congreso en febrero de 2011, por órdenes del entonces gobernador Rafael Moreno Valle sigue vigente.

Desde entonces nadie la ha modificado. La legislación establece claramente que cualquier demanda es por vía de “daño moral”, por lo que fueron eliminados los “daños de sentimientos o psicológicos”, porque se trataba de una ambigüedad. El Congreso del estado de Puebla aprobó, con 40 votos a favor y una abstención, la despenalización de los delitos de difamación y calumnia.

Además, quedó en la ley (está vigente) que el monto máximo sea de 3 mil días de salario mínimo, que actualmente es de 123.22 x día, lo cual sería un total de 369 mil 660 pesos. No más. Y se puso esa pena precisamente porque no se puede ir en contra del patrimonio de los periodistas. Así que las demandas son absurdas, equivocadas, injustificadas y los demandantes exhiben su ignorancia.

De hecho, el legislador de Morena, Gabriel Biestro, tendría que elaborar y publicar lo que quedó pendiente: las leyes reglamentarias, porque todo está en el limbo.

Escribió Rodolfo Ruiz:

“Las cuatro demandas presentadas y notificadas cronométricamente son por el supuesto daño moral que mis columnas han causado al diputado Gabriel Biestro Medinilla, al subsecretario de Movilidad y Transportes, Seth Yassir Vázquez Hernández, al director del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, y al subsecretario de Administración, Juan Pablo Cortés Córdova.

“Casualmente los cuatro demandantes tienen el mismo cuerpo de abogados encabezado por Florencio Madariaga Granados, ex sub procurador chiapaneco detenido en febrero de 2006 en Madrid, España, acusado de malversar 900 millones de pesos  y por Roberto Morales Torres, quien en 2017 fue representante del ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, cuando éste demandó al activista Horacio Culebro Borrayas precisamente por “daño moral”.

“En todos los casos, los funcionarios y políticos barbosistas solicitan a los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto en materia civil embargos precautorios de mis bienes, propiedades, cuentas bancarias y de inversiones, así como los de la empresa propietaria del periódico digital que dirijo, para garantizar la reparación de supuesto daño moral que les provoqué.

“Todos sin excepción, argumentan apoyándose en peritajes realizados por el mismo psicólogo José Luis Guillén Gordillo, residente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que mis críticas han alterado su vida privada y entorno familiar, acarreándoles descrédito, insultos y violencia callejera y una perturbación injusta en su persona que se traduce en disgusto, desánimo, angustia, y padecimientos emocionales o psicológicos en su estado de ánimo.

“Por el daño psicológico, que según los funcionarios y políticos barbosistas les causaron mis publicaciones, afectando su honor, fama pública, futuro político e ingresos económicos, cada uno me reclama una reparación económica de cinco millones de pesos.

“Dicha indemnización fue cuantificada, en los cuatro casos, también por el mismo perito Guillermo Alfonso Ponce Yépez, supuesto experto en materia de comunicación y redes sociales con maestría en Ciencias Penales y especialidad en el área de criminalística”.

Hasta aquí su cita.

Las demandas de personajes ligados al poder en turno no son nuevas. Aquel periodista que esté libre de un juicio que arroje a su abogado.  En el morenovallismo fueron una constante. Ahí los casos de la contratista del sexenio, Prosfer, contra este columnista que perdió en la última instancia, gracias a la protección de la justicia federal. O el asunto que perdió Julio Lorenzini contra Valentín Varillas. Este sujeto debe pagar todos los gastos del juicio.

Han existido también arreglos extra judiciales. Los columnistas Fabián Gómez y Adrián Ruiz llegaron a acuerdos con el morenovallismo. O el caso del director de Cambio, Arturo Rueda, quien tuvo que llegar a un convenio con el entonces magistrado Carlos Loranca.

Y así la lista.

Se trata de un pasado que pensábamos ya se había ido.

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