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BUAP libra auditoría de ASF a la cuenta pública 2018

  • Héctor Llorame
La ASF detectó un daño patrimonial de 98.9 millones de pesos, pero fue aclarado durante la fiscalización.
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La BUAP solventó las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y libró la fiscalización de la cuenta pública 2018, mientras a nivel local la ASE pretendía revisar la 2019 de forma “preventiva”.

En la tercera entrega del Informe de Fiscalización, el órgano federal aprobó las finanzas de la institución tras comprobarse el uso de recursos que pidió explicar en la entrega anterior.

El reporte publicado el jueves da cuenta de que el año pasado se detectó un daño patrimonial de 98.9 millones de pesos, pero la institución logró acreditar el destino del dinero.

De esta manera, la revisión concluyó sin inconvenientes, aunque se advirtieron algunas omisiones administrativas en la contabilidad de la máxima casa de estudios.

A pesar de eso, la ASF dictaminó que la BUAP “dispone de un adecuado sistema de control interno, además de que realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”.

BUAP recibió 4.1 mmdp

En 2018 la BUAP recibió 4 mil 146 millones 718.3 mil pesos del gobierno federal, correspondientes al fondo de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

De ese universo se auditó el 82.7 por ciento, es decir, 3 mil 429 millones 805.7 mil pesos, sin que persistiera alguna anomalía al concluir la fiscalización.

Se niega a revisión de la ASE

En contraste, a nivel local la BUAP se negó a ser auditada de forma “preventiva” por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con el argumento de que la revisión era inconstitucional.

A decir de la institución, la ASE carece de facultades para fiscalizar recursos públicos federales —como pretendía el nuevo auditor, Francisco Romero Serrano— por lo que la universidad no entregó la información requerida e incluso amagó con ampararse.

Tras este pleito el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció su intención de imponer un Órgano Interno de Control a la máxima casa de estudios para que sea fiscalizada desde ahí, lo cual se ha interpretado como un nuevo golpe a la autonomía de la institución.

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