Puebla es la segunda entidad con el estado de derecho más débil en México, debido a que sus autoridades no protegen los derechos humanos, las denuncias por homicidio van en aumento, las investigaciones penales son poco eficientes y no hay contrapesos eficaces para el gobierno.

Así lo reportó la organización World Justice Project (WJP) al presentar su Índice de Estado de Derecho 2019-20120, en el que Guerrero se ubica en la última posición y posteriormente se encuentra la entidad poblana.

El Índice se arma a partir de los resultados e impactos de políticas públicas. Por ejemplo, si las personas tienen acceso a tribunales, o si la delincuencia se controla de manera efectiva, y qué tanto se respeta la ley.

De acuerdo con Alejandro Ponce, jefe de investigación de WJP, los resultados muestran un preocupante detrimento en las condiciones de seguridad en la mayoría de los estados del país.

WJP es una organización internacional independiente que revisa el desarrollo del Estado de Derecho a través de la rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.

Se detalla que el índice actual fue elaborado con resultados de encuestas y cuestionarios a expertos de la BUAP, la UDLAP, la UPAEP, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Ciencias Jurídicas, los Servicios de Salud del Estado, el Hospital Ángeles en Puebla, la Red de Abogados y la organización Justicia Ciudadana.

Puebla, en la penúltima posición

De las 32 entidades del país, Puebla se encuentra en el penúltimo lugar del Índice, al obtener 0.35 puntos en una escala de cero a uno, en donde a un número más alto hay un mayor respeto al estado de derecho.

En relación con la edición 2018-2019 del informe la cifra es menor en 0.01 puntos.

Guerrero se colocó en el último lugar, con 0.33 puntos, mientras que Yucatán alcanzó el lugar más alto, al sumar 0.46.

Hay crimen, escasa impartición de justicia y pocos contrapesos

De los ocho rubros analizados por la agrupación, Puebla obtuvo el resultado más bajo en el capítulo “orden y seguridad”, pues alcanzó 0.25 puntos, debido a que en el periodo de análisis hubo un aumento en las denuncias por homicidio y la percepción de inseguridad aumentó.

Otro caso es el de la “justicia penal”, con 0.29 unidades, pues mediante el análisis se identificó que las investigaciones son poco eficaces, falta una adecuada impartición de justicia y no es independiente, además que el sistema penitenciario no es seguro ni respeta los derechos de las víctimas.

En la evaluación destaca también el caso de “justicia civil”, pues en la escala de cero a uno, la entidad logró 0.33 puntos, ya que se identificó que el acceso a la justicia es burocrático, no es expedito, no hay ejecuciones efectivas de las resoluciones mercantiles y las personas no conocen sus derechos.

La organización también ubicó que no hay contrapesos adecuados entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras que otros organismos de control –como la Auditoría Superior del Estado- no son completamente autónomos y no hay sanciones por abuso de poder.

El rubro mejor evaluado fue el de los “derechos fundamentales”, pues según el informe hay libertad de expresión y de profesar cualquier religión, además de la ausencia de discriminación.