El Congreso de Puebla desechará 16 iniciativas de la pasada Legislatura por considerarlas improcedentes, entre ellas una reforma que buscaba destituir a los alcaldes que se ausentarán más de 60 días del cargo.
Los proyectos de ley serán descartados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el miércoles, con el argumento de que las iniciativas se han incluido en otras que ya fueron aprobadas o carecen de fundamentos legales.
De acuerdo con el dictamen de la comisión, la propuesta sobre los presidentes municipales contemplaba reformar la Ley Orgánica Municipal para recortar de 90 a 60 días el plazo de ausencia que se permite a un edil.
El planteamiento se realizó por la entonces diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes, quien proyectaba modificar los artículos 52 y 78, a fin de que el Congreso del estado pudiera designar alcaldes sustitutos tras dos meses de ausencia de los constitucionales, en lugar de tres, como actualmente establece la ley.
Esto ha impedido que el poder Legislativo pueda intervenir más rápido en casos como el de Tehuacán, donde el alcalde Felipe Patjane Martínez está detenido desde el 16 de noviembre del año pasado.
Apenas hace unos días se confirmó que será revocado su mandato y se analiza la desaparición de todo el Cabildo.

Descartan Cabildo itinerante
Otra iniciativa que se declaró improcedente consistía en hacer obligatorio que el Cabildo de todos los ayuntamientos sesione de forma pública al menos dos veces al año y de forma itinerante.
A decir de la comisión, el asunto ya se abordó en otra reforma, así que se consideró innecesaria la presentada en 2014 por el entonces diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Julián Peña Hidalgo.
El mismo legislador planteó en 2016 una reforma para devolver el Registro Civil a las juntas auxiliares, pero la actual legislatura aprobó esto el año pasado, por lo que ahora resulta innecesaria su petición.
La bancada de Nueva Alianza (NA) presentó en 2015 un proyecto de ley para que los permisos que otorgan los ayuntamientos para abrir negocios con venta de bebidas alcohólicas estuvieran condicionados a que los establecimientos se ubiquen a más de 200 metros de distancia de una escuela.
La propuesta se declaró inútil porque está medida ya existe en la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas, además de que no sólo incluye a escuelas, sino también centros deportivos y hospitales.
Otras reformas que serán desechadas buscaban establecer lineamientos para el gasto de recursos públicos en los municipios y cambiar la redacción de leyes para incorporar lenguaje incluyente, además de que se declararon sin materia dos puntos de acuerdo que buscaban solucionar conflictos en municipios que ya fueron atendidos.