La secretaria de Movilidad de la capital de Puebla, Alejandra Rubio Acle, denunciará penal, administrativamente y electoralmente a los regidores de Morena, Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, por acusarla de tener un conflicto de interés en la colocación de bolardos en las vialidades capitalinas.

En conferencia de prensa, acompañada de su abogada, la funcionaria señaló que iniciará su defensa por la vía legal, pues acusó que es víctima de violencia política de género y de denostaciones sin prueba por parte de los integrantes del Cabildo.

“La defensa política de mi buen nombre me obliga a denunciar penal, administrativa y electoralmente a los señores regidores Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, por el desdoro que han hecho de mi persona como servidora pública, sin tener prueba de su dicho”, expuso.

No aceptaré violencia política en mi agravio pic.twitter.com/nRvvxrxAOZ

— Alejandra Rubio Acle (@rubioacle) February 10, 2020

El pasado 14 de enero, González y Aguirre señalaron que Rubio tenía un conflicto de interés en la compra y colocación de bolardos, pues presumieron que el esposo de la funcionaria, Benjamín Campos, tendría relación con la empresa con la que fueron adquiridos.

Va por defensa legal

La mañana de este lunes, la secretaria indicó que no ha buscado personalmente a los regidores –que forman parte del grupo crítico del Cabildo, conocido como G7–, pero que sí lo hará por la vía legal, pues refirió que defenderá su honorabilidad y la confianza que se le otorgó para ser funcionaria municipal.

Indicó que presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) y ante la Contraloría, además que esta última dependencia también tendrá que revisar los contratos que se firmaron con los proveedores de los bolardos a fin de despejar dudas sobre su legalidad.

En su oportunidad, la abogada María Mendoza comentó que Rubio Acle es víctima de violencia política de género por parte de ambos regidores, por lo que con la denuncia ante el IEE se busca que los acusados pierdan sus derechos políticos-electorales.

De acuerdo con información proporcionada el viernes por la Secretaría de Movilidad, la comuna gastó 14.8 millones de pesos en la intervención de áreas de la capital en la que instaló bolardos, macetas, biciestacionamientos, colocación de monitores de velocidad y señalamientos.

Los contratos se otorgaron a las empresas Consorcio Metalplástico, Comercializadora Azteca de Puebla, Grupo Profesional Constructor MB, Orbe Terracerías y Pavimentos, Constructora de Obras de Terracería, Drenaje y Pavimentación.

Las firmas KR Bienes Raíces Consultoría Inmobiliaria y Construcciones, así como CN Construcción y Supervisión, también fueron contratadas por el gobierno capitalino.

Este lunes, la secretaria afirmó que los contratos que la dependencia a su cargo adjudicó se encuentran disponibles para su consulta en el sitio electrónico de la capital, pero recordó que otros convenios fueron realizados por la Secretaría de Infraestructura.

Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planeación, Gerardo Ríos Bermúdez, defendió la colocación de los bolardos, al asegurar que estos ya generaron una reducción del 37 por ciento en incidentes viales.

Rubio Acle recordó que la Comisión de Movilidad del Cabildo realiza un estudio técnico sobre el tema, con el que los regidores decidirán si las estructuras permanecen en las vialidades o son retiradas.

Reiteran regidores anomalías en compra de bolardos

El regidor José Luis González Acosta insistió en que existen inconsistencias en los contratos que el Ayuntamiento de Puebla firmó para adquirir bolardos y advirtió que el caso será notificado al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El morenista indicó que las denuncias que la secretaria de Movilidad Alejandra Rubio Acle interpondría contra él y la regidora Libertad Aguirre Junco, por hacer señalamientos de posible corrupción en la adquisición de las estructuras, son distractores para no transparentar el tema.

Además consideró que son una afrenta de parte de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco hacia el grupo de regidores críticos conocido como “G7” y del cual forman parte Acosta y Aguirre.

En una conferencia de prensa, ambos regidores señalaron que no son personales los señalamientos sobre un posible conflicto de interés de Rubio Acle en la compra de bolardos y macetones, sino que están basados en documentos.

Refirieron que es urgente que la Contraloría Municipal agilice la investigación que ya realiza sobre la compra de las estructuras, pues aseguró que hay anomalías, las cuales se darán a conocer al SEA para que se establezcan las sanciones necesarias.

Acosta explicó que aunque en reiteradas ocasiones el G7 ha solicitado las actas constitutivas de las empresas con las que se compraron los bolardos, estas no han sido transparentadas por parte de Rubio Acle, lo que da pie a pensar que la información se oculta.

PAN respalda al G7

Sobre el tema, el regidor panista Enrique Guevara Montiel descalificó las denuncias que anunció la secretaria de Movilidad, pues comentó que los secretarios del gobierno capitalino no pueden acudir a instancias penales solo porque no están de acuerdo con los señalamientos sobre posible corrupción en su contra.

En una reunión de la Comisión de Patrimonio, el regidor pidió al contralor José María Sánchez Carmona que agilice la investigación sobre el tema, pues indicó que es urgente conocer la verdad y evitar que haya una “guerra de denuncias”.

Esta admon se caracteriza por denigrar la investidura de regidores del @PueblaAyto por los secretarios. Me solidarizo con los regidores @liberttad19 y @LuisGlezAcosta porque están demandados por un tema que @ContraloriaAyto no ha resuelto: La investigación del tema de bolardos. pic.twitter.com/ywYdjZAE6j

— Enrique Guevara (@GuevaraMontiel) February 10, 2020