David Villanueva Lomelí encabezó la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante casi ocho años. Fue en abril de 2019 cuando dejó esta responsabilidad, después de ser presionado por la bancada de Morena bajo el señalamiento de parcialidad en su accionar.

La gestión de Villanueva Lomelí fue señalada de usar la fiscalización de cuentas públicas para amedrentar a alcaldes y exfuncionarios que eran críticos del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, con quien estuvo ligado desde su llegada a la ASE en noviembre del 2012.

Pronto encontró acomodo, ya que la Cámara de Diputados nombró a David Villanueva Lomelí como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.

Su postulación en una terna presentada en la sesión del pleno fue criticada por diputados federales poblanos, pero al final resultó ganador.

La diputada Inés Parra Juárez (de Morena) lamentó que Villanueva Lomelí haya sido tomado en cuenta para estar en los finalistas para el cargo debido a su actuación al frente de la ASE. “Utilizó a la auditoría del estado como garrote político. Votar por él es votar por un funcionario corrupto, corruptor y encubridor”, sentenció.

A pesar de su acusación y los votos en contra de los demás diputados federales poblanos de la coalición Juntos Haremos Historia, el auditor resultó ganador. Villanueva Lomelí fue designado para el periodo 2019-2023, con la opción de ser ratificado por otros cuatro años. 

El encargado de despacho en la ASE

Tras una discusión de hora y media entre los legisladores, la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó la designación de Alberto Segovia Blumenkron, como encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la salida de David Villanueva Lomelí.

Segovia obtuvo cinco votos a favor, mientras que el presidente de la Comisión, José Juan Espinosa Torres se abstuvo y el diputado Juan Pablo Kuri Carballo se ausentó de la sesión. Segovia, que ocupaba el cargo de Auditor Especial de Evaluación, Mejora y Tecnologías de Información de la ASE, fue impulsado por Nora Yéssica Merino Escamilla (PES); Emilio Maurer Espinosa (Morena); Josefina García Hernández (PRI); María del Carmen Cabrera Camacho (PT) y Carlos Morales Álvarez (MC).

La discusión inició luego de que Merino Escamilla propuso someter a votación el acuerdo para nombrar a Segovia, ante lo cual, Espinosa Torres argumentó que violentaban el proceso legal, pues el acuerdo debía tomarse tras un receso de la comisión, no antes.

Tras el receso de cinco minutos, la discusión se prolongó por una hora y media, hasta que se logró votar el nombramiento.

 

Las anomalías

La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que no auditó las obras emblemáticas de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, como Ciudad Modelo, la línea 2 de RUTA y la remodelación de la avenida Juárez.

Así lo reveló un avance del informe que entregó el organismo al Congreso del estado y dado a conocer por la Comisión Inspectora. En el documento la ASE admitió que no se fiscalizaron precisamente los proyectos que han sido señalados de irregularidades por el gobierno estatal, diputados y académicos.

Incluso reconoce que validó proyectos sin hacer una revisión física para constatar si se llevaron a cabo con las características que reportaron los exmandatarios. A pesar de eso, la auditoría aprobó de manera puntual y sin observaciones las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad de cada año y solo está en revisión la de 2018, último año de gestión del segundo.

El reporte de la ASE está dedicado a la revisión de 32 proyectos sobre los que diputados solicitaron información, aunque en algunos casos se trata de varias obras, por ejemplo, los arcos de seguridad, que hay seis en el estado, pero en el informe se cuentan como uno, igual que las ciclovías elevadas.

Del total de proyectos enlistados, se dio a conocer que 18 no se auditaron. Se trata de: el Museo ex psiquiátrico de Cholula, un colector pluvial en Tehuacán, la Estrella de Puebla, el MIB, Ciudad Modelo, la remodelación de la Avenida Juárez y el puente 3 de Volkswagen.

También la rehabilitación del hospital general de Huejotzingo, el hospital general de Cholula, el Hospital del Niño Poblano, la ampliación del anillo Periférico, las ciclopistas y el parque lineal del río Atoyac.

A ellos se suman la línea dos de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), la escuela Gilberto Castellano, los arcos de seguridad y Acrópolis.

A la vez ocho proyectos de los solicitados se revisaron solo de manera documental, es decir, que no se acudió al sitio para comprobar si los trabajos se hicieron como se dijo en los documentos.

Estos son: el Museo de la Evolución Puebla, Museo de la Casa del Títere Marionetas Mexicanas y los Centros de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).

El Hospital de la Mujer de Tehuacán, la sustitución del Hospital comunitario de Tecamachalco, la construcción de módulos de afiliación del Seguro Popular, la Unidad de Hemodinamia del Hospital del Sur y las estaciones del Tren Turístico se encuentran en este apartado también.

De las 32 obras, sólo seis se revisaron de forma física y documental: la Constancia Museo de la Música, los Centros Integrales de Servicios, el Teleférico, la plataforma de Audi, el edificio de la ASE y el Ecoparque Metropolitano. 

Los proyectos que se tratan en el informe solo son un primer bloque, pues la Comisión Inspectora aprobó que se revisaran las 13 mil 332 que se ejecutaron por Moreno Valle y Gali Fayad de 2011 al 2018. 

Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia amagaron con investigar al extitular de la Auditoría Superior del Estado por no revisar el 60% de obras construidas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Gabriel Biestro Medinilla (Morena), Raymundo Atanacio Luna (PT) y Miguel Trujillo de Ita (PES) coincidieron en que el gran número de proyectos sin auditar apunta a un solapamiento intencional que rayaría en lo ilegal.

En entrevistas por separado pugnaron porque no quede impune la omisión del exauditor, designado el 30 de abril como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación-

Un informe presentado por la Comisión Inspectora del Congreso reveló que Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos panistas.

Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la comisión, señaló que las obras que no se auditaron equivalen 33 mil 121 millones 911 mil 288 pesos.

Trujillo de Ita alertó que a “ojo de buen cubero” resulta evidente un solapamiento intencional de la ASE hacia los gobiernos panistas, por la enorme cantidad de obras que no se fiscalizaron.

El vocal de la Inspectora sentenció que Villanueva Lomelí no actuó solo, sino que sería parte de un entramado de funcionarios que se hicieron de la “vista gorda” a cambio de algo. Por ello consideró que una investigación por parte del Congreso del estado no es opcional, sino un acto de “responsabilidad”.

Atanacio Luna destacó el hecho de que Villanueva Lomelí estuvo al frente de la ASE precisamente el tiempo que duraron los gobiernos panistas y renunció meses antes de concluir su gestión tras recibir el nombramiento en la Cámara de Diputados.

Recordó que durante su gestión las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad se aprobaron de inmediato y sin observaciones, a pesar de los cuestionamientos que caían de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Como vocal de la Inspectora también vio necesaria la investigación y, de cara a la renovación de la ASE, planteó retirar el fuero constitucional a los auditores.

Biestro Medinilla vio también sospechosa la omisión de auditorías y consideró que se deben deslindar responsabilidades. De acreditarse el solapamiento intencional, el también presidente del Poder Legislativo advirtió que es posible la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.

La Constitución del estado prevé para los funcionarios culpables de anomalías la amonestación, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación de varios años para ejercer otro cargo público.

De acuerdo con el artículo 125, un exauditor puede ser juzgado incluso un año después de haber dejado el cargo y las sanciones pueden validarse hasta un año después de abrirse la investigación. 

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT) libraron auditorías hasta en la mitad de las obras que ejecutaron en ocho años, durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.

Así lo revela el informe que el Congreso local solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el cual se admite que el exauditor David Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los dos últimos gobiernos panistas.

El reporte presentado en la Comisión Inspectora, dio a conocer que de 4 mil 406 obras que tuvo a cargo la SIMT de 2011 a 2018, no se auditaron 2 mil 249, es decir, el 51 por ciento.

En los ocho años la dependencia recibió 35 mil 938 millones 449 mil 790 pesos de presupuesto, pero más de la mitad no se revisó, ya que el monto de lo no auditado suma 20 mil 596 millones 735 mil 994 pesos.

El año 2016 fue cuando menos obras se revisaron, ya que de las 541 que ejecutó el entonces titular Diego Corona Cremean, 367 no se auditaron, es decir, el 68 por ciento.

Precisamente ese año la dependencia recibió el presupuesto más grande de su historia, ya que fue de 7 mil 732 millones 765 mil 752 de pesos y, los proyectos que se dejaron pasar, sumaron 5 millones 246 millones 681 mil 562. 

El proceso para designar nuevo Auditor estatal

El líder del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, informó que tras una primera revisión, los 18 aspirantes interesados en encabezar la Auditoría Superior del Estado (ASE) acreditaron la entrega de sus expedientes.

Luego de esto, el 7 de octubre de 2019 hubo una segunda revisión de los perfiles para continuar con el proceso de selección de candidatos.

Las entrevistas con los aspirantes iniciaron el 8 de octubre, de ahí se integró una terna que fue enviada al Pleno del Congreso de Puebla, para que uno de ellos fuera elegido con al menos el voto de dos terceras partes de los diputados.

Quien resultara electo para suceder a David Villanueva Lomeli, asumiría el cargo el 29 de noviembre y se mantendrá por los siguientes siete años.

Los aspirantes registrados eran:

1.- Rolando Adalberto Flores López

2.- José Ricardo Camacho Acevo

3.- Gilberto Tomás Ricardo Hidalgo

4.- Eduardo Adalberto Salazar Vargas

5.- Eligio Sierra Peña

6.- Salvador Sánchez Ruanova

7.- Juan Carlos Moreno Valle Abdala

8.- Rigoberto Cordero y Bernal

9.- Alberto Javier Segovia Blumenkron

10-. Julio César Barbosa Huesca

11.- Julio Cid Moreno

12.- Corina Ramírez Rodríguez

13.- Álvaro Sánchez Jiménez

14.- Jesús Mayagoitia Bolán

15.- Juan Carlos Díaz Carranza

16.- Francisco José Romero Serrano

17.- María Teresa del Rocío García Pérez

18.- Rogelio Manuel Marquina Sainz

Francisco Romero Serrano, Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova fueron los candidatos a encabezar la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla por los siguientes siete años (2019-2026).

La terna se integró la noche del lunes durante la reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del estado.

Coordinadores parlamentarios confirmaron a e-consulta los nombres de los finalistas, a pesar de que el presidente del poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla (Morena), negó una noche antes que ya existiera un acuerdo.

La designación del sustituto de David Villanueva Lomelí debía consumarse antes del 29 de noviembre, ya que ese día rendiría protesta el nuevo auditor, de acuerdo con la convocatoria emitida por el Congreso.

El nombramiento requería de mayoría calificada, el aval de dos terceras partes del Congreso, es decir, el voto de al menos 27 de los 41 diputados.

La terna fue aprobada por los diez integrantes de la Jugocopo el lunes y se firmó el acuerdo para turnarlo al pleno.

Fuentes del Legislativo poblano confirmaron que Romero Serrano y Sánchez Ruanova son impulsados por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y PES), que es mayoría, aunque el primero se perfila como su favorito.

La oposición formada por el PAN y PRI apostaría por Díaz Carranza, mientras que el PRD, MC, CPP y Nueva Alianza se inclinarían por lo que dictara la mayoría.

El jueves se difundió una grabación de la pasada sesión de la Jugocopo, en la que se pactó que Biestro Medinilla impondría a los finalistas y una “carta marcada” para el cargo.

Tras exhibirse la negociación, el coordinador de la bancada de Morena aseguró el lunes que el acuerdo fue desechado y que no había una terna, así que la sesión de la Jugocopo estaría en receso, pero su afirmación quedó desmentida con la filtración de los finalistas. 

 

 

Tal como ocurrió con la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), este viernes el Congreso local, con mayoría de Morena, fue duramente criticado por imponer a un auditor “a modo” o “carnal”, la mayoría de Juntos Haremos Historia en el Congreso de Puebla impuso a Francisco Romero Serrano como nuevo auditor del estado, a pesar de su afinidad política con Morena y el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El ex presidente del Sindemex encabezará la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 2019 a 2026, con posibilidad de ser ratificado por un periodo de siete años más. Con votos 27 a favor, diez en contra, dos abstenciones y dos votos nulos, el nombramiento se consumó en sesión ordinaria del pleno, tras cuatro horas de discusión.

En la votación participaron Guadalupe Muciño Muñoz (del PT), Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodríguez Sandoval (de Morena), a pesar de que se les acusó de incurrir en conflicto de interés por apoyar públicamente al ahora ganador desde que se postuló, hace cuatro meses.

Romero Serrano fue presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE) y del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex).

En la elección de 2018 y en la de este año se pronunció abiertamente a favor de Barbosa Huerta (que abanderó a Morena), tanto en ruedas de prensa como en redes sociales.

Por esta afinidad su postulación a la ASE fue reprobada por el PAN, el PRI, MC, el diputado sin partido Héctor Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres (del PT). A pesar de la oposición, que exigió anular el procedimiento y repetirlo con una nueva convocatoria, la mayoría reunió la mayoría calificada necesaria para el nombramiento.

Juan Carlos Díaz Carranza fue descalificado con 16 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, mientras que el otro competidor, Salvador Sánchez Ruanova, ya no se puso a votación.

El PAN, el PRI, Alonso Granados y Espinosa Torres denunciaron que Romero Serrano fue impuesto por Barbosa Huerta y alertaron que como auditor será un “empleado” más del gobernador.

Al subir a tribuna, la coordinadora panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, colocó un cartel donde culpó de “dictador a quien impone auditor” y reclamó que el nuevo titular de la ASE actuará como persecutor de los gobiernos anteriores por instrucción del mandatario.

Lo mismo señaló Javier Casique Zárate, líder de los priistas, al reclamar que Morena está utilizando las mismas prácticas autoritarias que tanto criticó de los gobiernos del PRI y el PAN.

Alonso Granados y Espinosa Torres acusaron a su vez que Romero Serrano fungirá como operador electoral de Barbosa Huerta, pues ya lo apoyó en el pasado e incluso buscó ser candidato de Morena a la diputación federal del distrito 9 de Puebla.

PAN, MC, Alonso Granados y Espinosa Torres exigieron antes de la votación que no votaran Muciño Muñoz, Jara Vargas y Rodríguez Sandoval, porque tras la postulación de Romero Serrano, hace unos meses, firmaron una carta en la que le dieron su respaldo.

La oposición los acusó de tener conflicto de interés, por lo que exigió que se excusaran, pero ellos se negaron con el argumento de que no existía tal conflicto. 

Sin sus votos, el nuevo auditor no hubiera tenido la mayoría calificada ni habría sido electo, así que se tendría que elegirse otra terna de entre los seis aspirantes que no fueron finalistas.

Tras la votación, Rodríguez Della Vecchia (PAN) denunció que no se cumplió el número de votos que marca la ley, que es el aval de dos terceras partes del Congreso.

Al dividir en tres el total de diputados (41), dos tercios son 27.33, por lo que la panista señaló que la mayoría calificada son 28 votos, más no 27.

Su reclamo de repetir la votación fue ignorado y al final se impuso a Romero Serrano, quien rindió protesta de forma inmediata tras su designación.

Luego de asumir el puesto, Romero Serrano negó que su nombramiento haya sido un premio a su activismo a favor de Barbosa Huerta.

En entrevista defendió que el cargo lo ha perseguido por más de ocho años, además de que prometió imparcialidad independientemente de su afinidad política.

Ofreció limpiar la imagen de la ASE y no usarla como “garrote político”, que es lo que históricamente se ha denunciado sobre el órgano de fiscalización. 

Las primeras acciones de Romero Serrano.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) notificó el miércoles 4 de diciembre a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el inicio de una auditoría del periodo del 1 de enero al 30 de noviembre del presente año.

Así lo dio a conocer el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, quien reveló que recibió las dos notificaciones por parte de la ASE: una donde se anuncia el inicio de la revisión y otro donde se notifica una visita domiciliaria por el mismo motivo.

En una entrevista posterior a la sesión, el rector ratificó su postura de considerar que esto se trataba de un hecho inusual, sin embargo aseguró que no existía temor hacia las auditorías y que se atenderán todos los requerimientos por parte de la ASE.

"No hay ninguna cuestión que nos preocupe, ya lo mencioné, es una cuestión inusual, nunca se había dado que se hicieran dos visitas simultáneas para el mismo periodo, sobre todo lo que representa una visita domiciliaria (...) es inusual, al 30 de noviembre de 2019, de un periodo que está en curso, trabajando, pero bueno", señaló.

Posteriormente, también el Ayuntamiento de Puebla sería notificado de que sería objeto de una auditoría; el contralor Mario David Riveroll informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) está realizado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Puebla, negando que sea parte de una persecución.

En este sentido, subrayó que está dentro de sus facultades, por lo que también desmintió que sea parte de un garrote político.

“Ellos tienen la facultad de revisar en el momento que consideren adecuado y nos han dado un acta para el inicio de la auditoría. Han solicitado información desde el lunes sobre el ejercicio 2019”, citó.

Riveroll Vázquez abundó que el acta de aviso llegó el jueves de la semana pasada mientras que la supervisión física este 9 de diciembre.

Será en este 2020, cuando la ASE bajo el mando de Francisco Romero Serrano revele por sus acciones si es o no un organismo a modo de Morena y del gobernador Luis Miguel Barbosa.