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Servidores de la nación, de AMLO, en la irregularidad, luego de 1 año

  • Staff
19 mil jóvenes firman contrato sin prestaciones y sin protección legal
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador creo hace un año un cuerpo de 19 mil “Servidores de la nación”, que aún carece de reglamentación

Su primera acción fue la de levantar los censos para entregar los apoyos económicos de los programas sociales del nuevo gobierno federal.

Un año después, lo único que hay es la autorización que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los recursos, de los que la Secretaría de Bienestar puede hacer uso para contratar personal por honorarios, se utilicen para ese fin, según una nota del diario El Universal.

En respuesta a una solicitud de información a la Secretaría de Bienestar, la dependencia resolvió que el sustento legal de los servidores está estipulado en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social —aún vigente pese al cambio de nombre de la secretaría—, en las fracciones XII bis y XIV.

El citado artículo sólo estipula que la secretaría puede “proponer el ingreso, promoción, licencia y la terminación de la relación laboral del personal adscrito a unidades administrativas, y la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios”.

En los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, publicado el 18 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se introdujo el concepto de “personal de campo”, como los auxiliares de los superdelegados, pero no establecen las tareas que desempeñarán ni el sueldo que recibirán.

En el contrato que firman los servidores, se especifica que es de carácter mensual y que la Secretaría de Bienestar “no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor del ‘prestador’ de servicios, en virtud de no ser aplicables” la Ley Federal del Trabajo y la de Trabajadores al Servicio del Estado.

Alfonso Bouzas, especialista en derecho laboral por la UNAM, afirmó que no sólo el gobierno incurre en la ilegalidad por contratar en ese régimen a personal que maneja recursos públicos, sino que además incumple en sus derechos laborales, al no ofrecerles prestaciones ni antigüedad, de acuerdo con El Universal.

Foto pagina3.mx

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