Para el activista poblano enfocado en derechos laborales José Enrique Morales Montaño, obtener justicia por ser víctima de desaparición forzada le ha costado más de siete años sin respuesta, de acuerdo con lo que documenta el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales A.C. (Prodesc) en un informe sobre 10 años de su actividad.

De acuerdo con su memoria institucional "Prodesc: diez años de construir justicia social", difundida hoy, su trabajo en Puebla comenzó con proyectos sobre la falta de derechos laborales de la industria textil. 

Hacia el 2010, por otro lado, dieron seguimiento a represalias en contra del Centro de Apoyo al Trabajador A. C. (CAT), la organización no gubernamental enfocada a los derechos humanos laborales en el estado de Puebla a la que pertenece Morales Montaño. 

En diciembre de ese año, se detalla, padecieron primero un robo a sus oficinas y que en las mismas dejaran escritas amenazas para que cesaran su activismo. 

Aunque en enero de 2011 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) resolvió protegerlos con rondines policíacos, se retiró la medida un año después bajo el argumento de que en ese período no detectaron irregularidades. 

Ya en 2012, Morales Montaño fue secuestrado durante 17 horas y lo despojaron de pertenencias de entre las cuales destacó un celular que se empleó para enviar amenazas a otros integrantes del CAT. 

Sobre estos hechos, en 2013 el afectado ejerció una acción penal en contra de Rubén Ruiz Rubio como probable responsable del delito de amenazas, sin embargo el juez a cargo desechó el caso y hasta ahora no se le permite ni a él ni a las organizaciones conocer el expediente.

Foto: Archivo