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Dos años y 64 mdp después el SEA no halla corrupción en Puebla

  • Patricia Méndez
Al presentarse el segundo informe de labores, se indicó que en Puebla prevalece “un alto grado de impunidad”; ninguna de las denuncias recibidas ha derivado en alguna sanción
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A dos años de su creación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que ha manejado un presupuesto de 62.4 millones de pesos, no ha acompañado o documentado aún algún caso para su sanción en el estado de Puebla. 

Al rendir este miércoles el segundo informe de labores, la secretaria ejecutiva Catalina Oropeza Aguilar señaló que en Puebla prevalece “un alto grado de impunidad”, según un diagnóstico que el organismo realizó por cuenta propia.

En posterior entrevista, ella consideró que las denuncias no prosperan porque en la mayoría de los casos se acusa sin pruebas y por la falta de áreas fortalecidas en la administración pública para imponer sanciones.

Alto grado de impunidad

En su mensaje, la secretaria ejecutiva indicó que de acuerdo con su diagnóstico, además de que en el estado prevalece un alto grado de impunidad, también hay espacios de discrecionalidad que propician situaciones arbitrarias, los cuales no se detallaron.

Oropeza también apuntó que se identificó un alejamiento del gobierno con la sociedad y una falta del sentido de corresponsabilidad tanto por ciudadanos como por autoridades.

Cuestionada sobre los resultados del diagnóstico, comentó que aunque hay múltiples señalamientos de corrupción en el estado, quienes los acusan no presentan pruebas, motivo por el que las denuncias no se logran integrar correctamente.

Detalló que en el transcurso de 2019, el Tribunal Administrativo en el estado solo integró 17 procesos, cifra que es mínima en comparación con las denuncias que se reciben.

En ese sentido, refirió que el órgano de gobierno aprobó seis recomendaciones a distintas áreas de la administración pública, las cuales no especificó, pero indicó que tienen el fin de que refuercen sus órganos internos de control, que son las áreas encargadas de investigar y sancionar posibles casos de corrupción. 

En cuanto a los exhortos, señaló que van dirigidos a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Poder Judicial, para que revisen sus protocolos y alcances para determinar si cumplen con su misión de procurar la integridad de los ciudadanos. Los recursos ya fueron elaborados pero aún no se han comunicado a sus destinatarios, acotó.

En el informe, la secretaria Ejecutiva no dio cuenta de algún caso de posible corrupción que se haya investigado o documentado.

Una circunstancia similar cuando se presentó el primer informe del SEA, en 2018, pues tampoco se dio cuenta de la averiguación o integración de algún caso en particular.

En sus primeros dos años de operación, el SEA tuvo un presupuesto de 62.4 millones de pesos, de los que 29.9 millones correspondieron a 2018 y 32.5 millones a 2019.

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