El contrato del Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) del Centro Integral de Servicios (CIS) fue reservado durante cinco años por la actual administración estatal, ya que se encuentra bajo un proceso de auditoría legal.

El 19 de septiembre de 2019 se realizó una solicitud de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se requería la versión digital del contrato de servicios para el Centro Integral de Servicios o, en su defecto, los documentos que determinaran su reserva.

La Secretaría de Infraestructura del estado de Puebla respondió a la solicitud 01566919 el 17 de octubre de 2019, al informar que el contrato está bajo reserva y entregó el acuerdo de clasificación correspondiente.

El acuerdo, del cual se tiene copia, fue aprobado en sesión del Comité de Transparencia de la secretaría el 11 de octubre, y en él se argumenta que se está llevando a cabo una auditoría legal a dicho contrato de adjudicación.

La auditoría es llevada a cabo por el despacho Mazars Auditores, S.A. de R.L. de C.V., designado por la Secretaría de Finanzas y Administración el 4 de mayo de 2019, tras una solicitud de la entonces Secretaría de Contraloría por medio del oficio SC-456/2019 con fecha del 28 de marzo de 2019.

En el acuerdo se señala que una auditoría legal es aquella inspección que tiene como finalidad revisar si la autoridad, en el desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades, ha observado el cumplimiento de la ley.

Ante esto, se usa como fundamento legal la fracción V del artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, y se cita: “Para los efectos de esta ley, se considera información reservada: (…) La que obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de leyes o afecte la recaudación de contribuciones…”.

Por esta razón, en el documento se dictamina que la divulgación del contrato representa “un riesgo real”, debido a que el proceso de auditoría se puede entorpecer.

También se señala que la reserva se debe a un “riesgo demostrable”, porque dar a conocer información de un proceso no concluido puede incrementar la posibilidad de interferir y dañar al mismo, pues se señala que la auditoría está en etapa de integración de documentación.

Finalmente, la reserva refiere que hay un “riesgo identificable”, ya que la divulgación puede alterar los resultados de las actividades de auditoría y las acciones a seguir.

En el documento proporcionado, que incluye la prueba de daño hecha por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura, se concluye que la divulgación del contrato implica un “riesgo de perjuicio” que supera el “interés general” de que se difunda el mismo.

Esto se contrapone a lo señalado por el gobernador constitucional del estado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, quien el 10 de septiembre anunció en una entrevista con medios locales que se emitiría un decreto por el cual se terminarían más de tres mil acuerdos de reserva de información.

Publicado originalmente en http://www.conlosojosabiertos.org.mx/nota/2019-11-11/por-auditoria-vuelven-a-reservar-contrato-del-cis

Foto: Agencia Enfoque