Con miras a que funcionarios que acusaron falsamente a presos y perseguidos políticos del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas sean sancionados, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla realiza una campaña para fomentar que afectados les denuncien formalmente.

La vocera de la organización, Carolina González Barranco,

dijo que en las últimas semanas han mantenido reuniones con varios de los afectados y preparan un balance de los interesados en llevar sus casos a la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Llevar sus casos a este nivel, explicó, permitirá mostrar a los funcionarios públicos que hacer un uso faccioso de la ley con la fabricación de delitos contra disidentes, tiene consecuencias.

"Algo muy importante es el tema de establecer un precedente y establecer en el sentido y en el juicio de pensamiento, en la conciencia del servidor público que no puedes utilizar la institución que tienes, las facultades que te da el estado, para fabricar delitos, porque entonces tú servidor público te estás convirtiendo en un delincuente al fabricar procesos inexistentes contra ciudadanos comunes", dijo.

Asimismo, agregó, se podrá demostrar que, dado que hay casos de activistas que en algún momento pisaron las cárceles y a la postre se les absolvió, hubo funcionarios con responsabilidades penales y administrativas.

"Resulta que muchos de ellos ( los presos) han sido absueltos (…)  y entonces ahí hay un uso faccioso de la ley y quien lo ejecutó debe asumir las responsabilidades no solamente administrativas sino penales", comentó.

Su labor como comité, agregó, será solamente de acompañamiento, cada preso perseguido se encargará de sus adelantos y aunque cada quien tendrá particularidades, prevén coincidencias en hechos y personajes involucrados.

Según la organización que ahora promueve las denuncias, cuando Moreno Valle Rosas terminó su gubernatura en enero de 2017 dejó un saldo de cinco encarcelados, un condenado político, un arraigado en domicilio, 142 procesados en libertad y 186 órdenes de aprehensión no ejecutadas, que al paso de los meses cambiaron de estatus jurídico en algunos de los casos.