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Barbosa conserva Ciudad Modelo, pero le quita poder con reforma

  • Héctor Llorame
Se devolverá a 5 municipios las facultades que les quitó el gobierno de Rafael Moreno Valle
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El gobernador Miguel Barbosa Huerta conservará “Ciudad Modelo”, pero le quitará la facultad de administrar los servicios públicos y se la devolverá a los cinco municipios en que se encuentra el organismo público descentralizado (OPD).

Para ello remitió al Congreso del estado una iniciativa para reformar el decreto con el que el exgobernador Rafael Moreno Valle creó la entidad paraestatal en 2017, en aquel entonces, con la promesa de detonar la zona en la que se instaló la planta armadora de Audi.

El proyecto de ley al que tuvo acceso e-consulta plantea derogar los artículos que se consideran violatorios de la autonomía municipal, específicamente los que permiten a Ciudad Modelo gestionar y cobrar por trámites y servicios de índole municipal.

El primer artículo que se busca suprimir es el 3, que actualmente dice: “el organismo ejercerá sus atribuciones en el área comprendida en los Municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec, todos de Puebla, en términos de lo que dispone el artículo 7 de este decreto, y de los convenios suscritos con los ayuntamientos de esos municipios”.

Luego la fracción IX del artículo 6, que enumera los servicios públicos de los que se hace cargo el OPD:

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento; las relativas a los ayuntamientos, establecidas tanto en la Ley de Fraccionamientos, cuanto en la Ley de Vivienda; otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para construcción, colocación de anuncios y funcionamiento de comercios y servicios; expedición de licencias de uso de suelo; aplicación de los programas regionales, subregionales o programas específicos de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano; los demás previstos en las disposiciones aplicables y en los convenios correspondientes”.

Para retirar la función de expedir licencias y permisos se suprimiría la fracción IX del artículo 8 que, al día de hoy dice que Ciudad Modelo puede “establecer, regular y aplicar las políticas generales, así como la normatividad aplicable, en materia de asentamientos humanos, vivienda, otorgamiento de licencias y cambios de uso de suelo, desarrollo urbano, territorial y ordenamiento ecológico, contaminación visual, imagen urbana, paisajismo y arquitectura de Ciudad Modelo”.

Se restará autoridad a la dirección también, ya que se contempla derogar el artículo 10, que indica: “el director general tendrá el carácter de autoridad fiscal, con atribuciones para determinar créditos, las bases de su liquidación, así como fijarlos en cantidad líquida e imponer las sanciones que, en el ámbito de su competencia, correspondan por las infracciones a las disposiciones que rigen en materia de los servicios que presta. Los créditos fiscales que determine el director general se harán exigibles a través del procedimiento administrativo de ejecución, en términos de la legislación aplicable”.

La pérdida del control de servicios se ratifica con la reforma al artículo 1 que se propone, a fin de que el texto quede así:

“Se crea el organismo público descentralizado de la administración pública estatal denominado “Ciudad Modelo”, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la consolidación y administración del Polígono de Ciudad Modelo, con el objeto de coadyuvar en el desarrollo económico de la región y del estado, mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le pertenezcan, le estén asignados o administre dentro de la zona descrita en este Decreto, así como la ejecución de las acciones y la prestación de los servicios necesarios para su conservación, mantenimiento y desarrollo, en términos de las disposiciones legales aplicables y de los Gobierno del Estado de Puebla acuerdos o convenios que se suscriban para el efecto, con respeto irrestricto a la autonomía municipal, el cual tendrá su domicilio en el municipio de San José Chiapa, Puebla, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas en otras localidades de la entidad federativa para el cumplimiento de su objeto”.

Cambia de Gobernación a Economía

La iniciativa del mandatario también contempla sectorizar Ciudad Modelo a la Secretaría de Economía, pues originalmente se subordinó a la Secretaría General de Gobierno (SGG), dependencia que Barbosa Huerta cambió a Secretaría de Gobernación (Segob).

En el artículo 4 se prevé eliminar el primer párrafo a fin de que el OPD no tenga atribuciones de otras dependencias, ya que el texto vigente dice: “se delegan en el organismo las atribuciones específicas establecidas en la normativa aplicable a las dependencias de la administración pública centralizada del gobierno del estado y que le estén explícitamente concedidas en este decreto, así como las atribuciones determinadas que hayan sido convenidas dentro del ámbito territorial de su competencia”.

La fracción IX del artículo 7, que ahora señala que el OPD puede: “emitir autorizaciones, concesiones, permisos y licencias en términos de la legislación aplicable y de conformidad con los acuerdos delegatorios que emita el titular del poder ejecutivo”, se modificaría para quedar así:

“Tramitar y, en su caso, resolver el otorgamiento, expedición, revocación, cancelación y modificación de autorizaciones, concesiones, permisos y licencias que sean de su competencia de conformidad con la legislación aplicable o los acuerdos delegatorios que emita el gobernador del estado”.

En el artículo 8 se perfila cambiar las funciones y atribuciones de la entidad paraestatal para que tenga como principal encomienda: “coadyuvar para el desarrollo económico de la región y del estado, mediante la promoción, uso y aprovechamiento de la infraestructura y los espacios inmobiliarios que le pertenezcan, estén asignados o administre dentro del Polígono de Ciudad Modelo, a través de la formulación y aplicación de los programas y proyectos conducentes”.

Para vigilar la operación de Ciudad Modelo se remplazará al actual Comisario Público por un Órgano Interno de Control, que sería designado por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con la reforma que se prevé para el artículo 24 del decreto.

Invalidarán decretos de Moreno Valle

El segundo artículo transitorio de la iniciativa anuncia que se invalidarán los convenios de colaboración firmados en 2015 por los municipios y el gobierno del estado, con los que se quitó a los ayuntamientos el control de los servicios.

“Las facultades municipales agenciadas por el organismo deberán restablecerse al estado en que se encontraban hasta antes de la suscripción de los convenios respectivos y el gobierno del estado deberá restituir a los respectivos ayuntamientos la prestación de servicios públicos municipales que el organismo público descentralizado denominado Ciudad Modelo venía ejecutando, mediante acuerdo y conforme a las competencias que de la Ley resulten”, sentencia el texto.

Los ayuntamientos de Soltepec y Mazapiltepec recurrieron incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los decretos, pero tras dos años sus juicios siguen sin tener una resolución.

El proyecto de ley de Barbosa Huerta ingresará formalmente al Congreso del estado el miércoles, durante la sesión ordinaria del pleno.

Tras su lectura en el punto 20 del orden del día, se remitirá a la Comisión de Patrimonio y Hacienda para su discusión y análisis antes de su aprobación.

Foto: Agencia Enfoque

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