El gobierno de Enrique Peña Nieto entregó recursos para 22 poblanos dentro del programa "Pensión Para Adultos Mayores” (PPAM) aunque ya estaban muertos, según reveló una auditoría de la actual Secretaría de Bienestar (SB).

Los apoyos se entregaron en 2017, mientras el priísta Juan Manuel Vega Rayet se desempeñaba como delegado en Puebla de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El encargado de recibir los resultados de la auditoría fue Lorenzo Rivera Sosa, quien tomó las riendas de la delegación en febrero de 2018 y actualmente es dirigente estatal del PRI.

La información forma parte de una auditoría que la SB realizó en el primer cuatrimestre de abril a este programa, la cual también apunta irregularidades similares en Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León y Oaxaca.

Pagan a muertos

De acuerdo con los resultados de la auditoría con folio 05/2018, la Sedesol entregó 81 mil 200 pesos a 22 adultos mayores fallecidos que estaban inscritos en el PPAM, lo que evidenció falta de control y resguardo de los expedientes de los beneficiarios de ese programa.

El informe, que fue actualizado en abril de 2019, refiere que la revisión derivó en dos observaciones de las que una fue solventada en 2018 pero otra quedó pendiente por atender.

Asimismo, el gobierno federal dictó una recomendación correctiva y preventiva para que en lo posterior exista más control en los expedientes de los beneficiarios de ese programa y con ello no se incurra en ese tipo de anomalías.

Los 81 mil 200 pesos implican un promedio de 3 mil 690 por cada beneficiario y con la suma total podría pagarse alrededor de 370 pruebas de detección de VIH en laboratorios privados.

El PPAM fue uno de los programas insignes de la administración de Peña Nieto, pues formaba parte del esquema de asistencia social conocido como Prospera. A través de este se entregaban apoyos de entre 580 y hasta mil 160 pesos a adultos mayores que no recibieran una pensión superior a los 1 mil 92 pesos mensuales.

Los requisitos para recibir esos apoyos consistían en contar con credencial de elector vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), además de comprobante de domicilio. La entrega de los recursos se realizaba a través de transferencias electrónicas o en efectivo.

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