La acción de inconstitucionalidad contra la reforma que facilitó la salida de Víctor Carrancá Bourget de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las controversias constitucionales contra el OPD Ciudad Modelo se encuentran empantanadas en la SCJN.

En el primer caso, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que esperará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero en el segundo planea decretar la extinción del Organismo Público Descentralizado (OPD) creado por el exmandatario panista Rafael Moreno Valle.

Los dos recursos contra Ciudad Modelo fueron turnados desde el 19 de marzo a la ministra Yasmín Esquivel Mossac para que emita una resolución, pero a la fecha no se ha concretado el cierre de instrucción.

Uno lo interpuso el ayuntamiento de Soltepec y otro el de Mazapiltepec, con el objetivo de echar abajo el decreto con el que se creó la entidad paraestatal el 27 de enero del 2017.

Desde su admisión en el máximo tribunal el 24 de febrero de ese año, las controversias 63/2017 y 64/2017 han enfrentado dos recursos de reclamación por parte del gobierno del estado, pero han continuado su curso.

En mayo de 2017, la comuna de Mazapiltepec, entonces encabezada por el alcalde Humberto Galicia Escárcega, intentó ampliar su demanda, pero su petición fue improcedente.

Se pretendía incluir la exigencia revocar el convenio de colaboración firmado el 8 de octubre del 2015 entre el ayuntamiento y el gobierno del estado, ya que en él se cedieron derechos sobre el control de los servicios públicos sin tener claras las consecuencias.

La SCJN negó la ampliación debido a que no se trataba de agravios nuevos, sino de un documento del cual ya se tenía conocimiento cuando se presentó la controversia.

Es así que los dos municipios tienen impugnado solo el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado que declaró la creación del OPD, más no los convenios que firmaron con el gobierno estatal para ceder sus facultades.

La última promoción sobre el caso difundida por la corte data del 7 de noviembre del 2018, cuando el consejero jurídico del entonces gobernador Antonio Gali Fayadnotificó su cambio de domicilio para atender avisos.

Además de Soltepec y Mazapiltepec, los ayuntamientos de Rafael Lara Grajales, Nopalucan y San José Chiapa perdieron facultades sobre el cobro de derechos, así como el otorgamiento de licencias en inmediaciones de la planta armadora Audi tras la creación de Ciudad Modelo.

Los municipios que se inconformaron aducen que el OPD vulnera la autonomía municipal consagrada en la Constitución Mexicana, por lo cual demandan su extinción.

Sin avances caso de FGE

Tras casi un año en la corte, no cuenta con avances sustanciales la acción de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que permitió a Carrancá Bourget separarse del cargo y designar a Gilberto Higuera Bernal como encargado de despacho.

En el historial del expediente 84/2018 no hay ninguna promoción disponible ni notificaciones para los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia, que promovieron el juicio luego de asumir el cargo como parte de la LX Legislatura del Congreso del estado.

El último acuerdo del pleno de la SCJN es del 10 de diciembre del 2018, mediante el cual se admitieron los alegatos con los que el gobierno de Gali Fayad defendió la promulgación de la reforma, publicada en el Periódico Oficial el 10 de septiembre del año pasado.

El oficio fue remitido por Sergio Pérez Waldo, entonces consejero jurídico del gobernador, y se turnó al ministro Eduardo Medina Mora, quien es ponente del caso.

La reforma impugnada consistió en adicionar dos párrafos al artículo 16 de la Ley Orgánica para permitir al fiscal solicitar licencia por tiempo indefinido mayor a 30 días y nombrar a alguno de los fiscales especializados como encargado de despecho.

Los diputados de Morena, PT y PES exigieron a la corte invalidar la modificación (impulsada en su momento por Gali Fayad) por transgredir la Constitución del estado, que establece que es facultad exclusiva del Congreso del estado la designación del encargado de la FGE en caso de falta definitiva del titular.

El artículo 97 indica que, para elegir al fiscal, el Poder Legislativo debe conformar una lista de hasta 10 candidatos; de esa lista el ahora gobernador Barbosa Huertaelegiría una terna de finalistas, que tendrían que comparecer ante los diputados antes de someterse a votación de los 41 integrantes del pleno para elegir un ganador.

Para no esperar al fallo de la SCJN, hace exactamente cuatro semanas el presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que por escrito exigiría a Carrancá Bourget renunciar a la FGE para nombrar a su sucesor, pero a la fecha se desconoce si lo hizo o no.

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