Las quejas de personal de Congreso del estado y diputadas de la extinta coalición por Puebla al Frente contra José Juan Espinosa Torres (del PT) por violencia política de género fueron declaradas improcedentes y archivadas.

El caso fue cerrado hace unos días por el Órgano Interno de Control (antes Contraloría), ya que se declaró incompetente para emitir una resolución sobre el asunto.

Esto debido a que las legisladoras del PAN, PRD y MC acusaron violencia política, pero la única autoridad para atender denuncias por esta conducta es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Las quejas fueron presentadas en bloque en febrero por cinco diputadas y dos trabajadoras del poder Legislativo.

Las denunciantes fueron Mónica Rodríguez Della Vecchia; Nancy Jiménez Morales y María del Carmen Saavedra Fernández, del PAN, aunque la última renunció al grupo parlamentario y ahora es de la fracción sin partido.

Por el PRD la agraviada fue Liliana Luna Aguirre y por Movimiento Ciudadano (MC) Guadalupe Esquitín Lastiri.

También se sintieron agredidas Karina Vázquez Díaz, directora de Administración y Finanzas, así como Verónica Vélez Macuil, de Comunicación Social del Congreso del estado, cargo al que renunció y será titular del área en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

Acusaron amenazas y hostigamiento

Todas ellas acusaron insultos, conductas violentas, amenazas y hostigamiento laboral por parte del exalcalde de San Pedro Cholula.

En aquel entonces el imputado era presidente de la Mesa Directiva, así que las inconformes demandaban su remoción.

La Contraloría abrió tres expedientes: CI/DE/02/2019, CI/DE/03/2019 y CI/DE/04/2019, pero todos se archivaron.

Como medida cautelar el órgano a cargo de Luz Herminia Camacho Rivera pidió a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) llamar la atención a Espinosa Torres.

También se dio vista a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el Instituto Poblano para las mujeres (IPM) mientras se analizaba el caso.

Tras varias semanas, se declaró la improcedencia y se cerró el caso pues, aunque el Órgano Interno de Control está facultado para sancionar, no cuenta con facultad para castigar la violencia política de género.

Foto: Agencia Enfoque