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Juez ordena suspender sentencia de Javier Duarte, pero seguirá preso

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Un tribunal colegiado revisará un amparo que presentó la defensa de Javier Duarte y decidirá si se le aplica la sentencia de 9 años
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Un juez ordenó suspender la sentencia de 9 años de prisión que se le dictó a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

Javier Duarte no podrá salir de la cárcel porque se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva justificada.

Un tribunal colegiado revisará un amparo que presentó la defensa de Javier Duarte y decidirá si se le aplica la sentencia de 9 años.

En una nota que publica el diario Milenio se indica que el juez ordenó suspender la sentencia que se le dictó a Javier duarte el 26 de septiembre de 2018.

“En tal virtud, se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el 26 de septiembre de 2018, lo que se ordena hacer del conocimiento de las autoridades involucradas con el procedimiento de ejecución, así como al juez de Distrito Administrador de este Centro de Justicia Penal Federal”.

El miércoles 26 de septiembre, un juez condenó a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz a 9 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Javier Duarte se declaró culpable de los dos delitos que se le imputan y obtuvo una condena que algunos personajes de la política consideraron poco severa.

Además de los 9 años de cárcel, Javier Duarte fue condenado a pagar una multa equivalente a 990 días de salario vigente, es decir, 58 mil 890.60 pesos.

La defensa de Javier Duarte solicitó al juez un proceso abreviado, como estrategia legal para conseguir una penalidad menor.

El juez ordenó que se le decomisaran a Javier Duarte 21 lotes de parcelas y 20 inmuebles, varios de ellos valuados cada uno en 45 millones de pesos.

La entonces Procuraduría General de la República afirmó que con el valor de los bienes decomisados no había necesidad de exigir la reparación del daño.

La defensa de Javier Duarte indicó que las autoridades no pudieron probar que los recursos del erario hubieran ido a parar al patrimonio del ex gobernador de Veracruz y que en el proceso influyeron causas ajenas al derecho penal.

“En este caso han influido cosas ajenas al derecho y por ende el acceso a la justicia, que obligaron a mi cliente a tomar esta decisión”.

“Se configura que existen anomalías, sobre todo al obtener por partes la representación social, criterios de oportunidad de personas que expresamente confesaron haber sido actores materiales en la comisión de los hechos que se imputaron a nuestro cliente y que, a cambio de declarar en su contra, han gozado de su libertad sin haber mediado prueba diversa que corroboren la veracidad de sus declaraciones”.

Crédito de la foto @CiroGomezL

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