Una omisión por parte del anterior Congreso local abre el riesgo de impunidad en Puebla, debido a que los anteriores diputados olvidaron avalar la Ley de Responsabilidades Administrativas que sustituiría a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, que sigue vigente con artículos derogados, advirtió Antonio López Espinosa, contralor del municipio de Coronango. 

En entrevista, el funcionario municipal pidió a los actuales diputados que aprueben la legislación correspondiente y destacó el riesgo que corren los 189 procedimientos que el ayuntamiento de Antonio Teutli Cuautle abrió en contra de anteriores administraciones por actos de corrupción ante la falta de certeza legal. 

Hay un vacío legal, expone

López Espinosa refirió que el 18 de julio de 2016 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El segundo artículo transitorio del decreto ordena que dentro del año siguiente de la entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados “deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el decreto”.

El 29 de diciembre de 2017 los integrantes de la LIX legislatura aprobaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado en la que se derogan las disposiciones previstas en el Título Tercero, relativas a las responsabilidades y declaración patrimonial.

“Sin embargo, se les olvidó a los diputados aprobar la Ley de Responsabilidades Administrativas, a pesar de que en uno de los artículos transitorios de la ley se establece que se derogan las disposiciones que contravengan a la Ley General en la materia. Hay un vacío legal”, expuso. 

Expuso que la omisión genera una disyuntiva a los ayuntamientos respecto a qué ordenamiento aplicar para sancionar una falta o acto de corrupción y los deja en una especie de “limbo”. 

Expuso que ante la falta del nuevo ordenamiento se remiten a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual carece de sanciones. 

También está pendiente la reforma a la Ley Orgánica Municipal

La omisión de los diputados va más allá, debido a que otro ordenamiento pendiente es la reforma a la Ley Orgánica Municipal para que en las contralorías de los ayuntamientos haya tres funcionarios independientes encargados de la investigación, sustanciación y resolución de faltas administrativas no graves. 

López Espinosa agregó que con base en el principio de supremacía Constitucional, el Congreso del estado tenía 180 días para aprobar tanto la Ley de Responsabilidades Administrativas como para hacer la reforma a la Ley Orgánica Municipal. 

“Mezclar dos leyes para resolver un caso sería ilegal. Estamos ante una omisión legislativa que ojalá rápidamente se resuelva”. 

Sin sustento el trabajo del Tribunal de Justicia Administrativa

Por si esto fuera poco, el contralor sostuvo que las contralorías en general carecen del sustento jurídico para pedirle al recién creado Tribunal de Justicia Administrativa que emita una sanción grave. 

“La misma Ley General me obliga a que sean instancias diferentes: la investigadora y sustanciadora. Estoy seguro que nadie ha ejercido faltas graves. Quién le va a mandar faltas graves al Tribunal si yo como contralor no puedo”, destacó. 

Sostuvo que esta omisión genera un estado de impunidad comparable al del Sistema Penal Acusatorio. 

Agregó que la falta de un andamiaje jurídico provocará que quienes finalmente resuelvan la mayoría de los casos sobre procesos administrativos contra funcionarios públicos y particulares serán los tribunales judiciales.

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