Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadano, aseguró que todos los buenos elementos de la Policía Federal encontrarán un lugar en la Guardia Nacional.

“Las corporaciones policiales deben tener disciplina operativa absoluta. Sin disciplina ni mando no se puede hablar de una institución de seguridad”.

“Puntualizo aquí que todos los buenos elementos de la Policía Federal encontrarán cabida en la Guardia Nacional o en las diversas opciones laborales que les hemos presentado, respetando plenamente sus derechos laborales. Todos absolutamente”.

Durante la primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, Alfonso Durazo explicó que la Guardia Nacional necesita el apoyo de los cuerpos policiacos estatales y municipales para reducir la violencia.

Indicó que el gobierno federal no tiene una visión centralista y que no cree que sólo la Guardia Nacional será la que resuelva los problemas de inseguridad.

“Estamos muy lejos de una visión centralista ni que este nuevo cuerpo de seguridad sea la panacea”.

“Debe ir de la mano con las policías estatales y municipales, no vemos a la Guardia Nacional como un cuerpo centralista, requiere de todos”.

CNDH impugna leyes de la Guardia Nacional

El sábado 6 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias que rigen a la Guardia Nacional.

La CNDH pidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise los puntos relacionados con la intervención de comunicaciones de ciudadanos, sin que exista denuncia previa y que analice si es válido vigilar la entrada y salida de extranjeros del país.

Asegura que la posibilidad de que la Guardia Nacional utilice armas en contra de manifestantes viola los derechos de la libertad de reunión y que el punto debe ser analizado.

La CNDH precisó que la Guardia Nacional no debe reservar de manera absoluta la información que se le solicite ni tampoco debe restringirla.

Afirmó que con los recursos legales que interpuso, pretende que los ciudadanos conozcan de forma precisa las consecuencias de sus actos y que las autoridades tengan un marco legal bien delimitado.

“La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones de personas encaucen el ámbito de esa actuación para que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice y, por otro, que el actuar de la respectiva autoridad se encuentre limitado y acotado y, en consecuencia, tenga certeza en dicha actuación”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que detener a ciudadanos sin que exista denuncia afecta la privacidad.

“La facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello”.

Crédito de la foto Andrés Manuel López Obrador