El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social denunciaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) por el violento e injustificado allanamiento al hogar de la esposa de Sergio Rivera Hernández, opositor al proyecto hidroeléctrico de Minera Autlan en la Sierra Negra, víctima de desaparición forzada desde hace 10 meses.

En el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), en la CDMX, abogados y activistas presentaron el video que muestra el exceso policiaco con el que una decena agentes, con armas largas, que “buscaban” a Rivera en su propia casa, rompieron puertas y destruyeron cerraduras.

Omar Esparza, líder del MAIZ, exigió la destitución de los responsables de ejecutar esta acción que vulnera a las víctimas y agrede su integridad y vida y responsabilizó al fiscal de cualquier agresión sobre la familia de Sergio o cualquier otro de sus compañeros.

En la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad de México, abogados y defensores integrantes de las mencionadas organizaciones calificaron como “el colmo de lo absurdo” que a casi 10 meses de la desaparición del defensor indígena del medioambiente, ocurrida el pasado 23 de agosto de 2018 en la comunidad indígena de Coyolapa, en el municipio de Zoquitlán, la FGE dictara una orden de cateo al interior de su propio domicilio.

“Nos sorprende el acto de la FGE ¿Por qué arman un operativo para buscar a Sergio Rivera como a un criminal y en 9 meses no han hecho nada para buscarlo como víctima?”, cuestionó David Peña, director jurídico, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Precisó que a la fecha sólo ha habido dos acciones de búsqueda de Sergio, impulsadas por las organizaciones, por sus familiares y amigos. “La FGE lo busca donde no se perdió. Él desaparece en la Sierra Negra, a 4 horas de Tehuacán”.

“¿Es esto una justificación para la irrupción tan violenta? Vemos las armas están listas para dispararse, en medio de vehículos que no tienen identificación, salvo uno que exhibe las siglas de la FGE”.

Alan Piñón, abogado integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social explicó que el argumento de autoridades para cumplimentar la orden de cateo solicitada por la propia Fiscalía se realizó a partir de una “información irregular” de un agente policial que en un informe señaló que “había visto a Sergio conviviendo con sus hijos y escondiéndose en ese domicilio”.

“Nos preocupa que el Ministerio Público haya solicitado el auxilio de la fuerza pública para buscar a una víctima, es muy grave que el dicho de una persona de la que no se tiene el dato haya provocado este operativo. Pedimos la información, pero no la revelaron, aduciendo que fue una “declaración anónima. Éste es un acto de intimidación”, dijo.

En la proyección del video de los hechos ocurridos el pasado 27 de mayo, abogados expusieron las imágenes de las armas largas portadas por los agentes policiales con las que rompieron puertas y cerraduras para ingresar violentamente al domicilio. “Como si buscaran a un delincuente y no a una víctima de desaparición forzada, a pesar de que hasta el momento se desconoce el paradero de Sergio ya hay 3 personas detenidas y procesadas por el crimen sin que ninguna de ellas haya informado sobre el destino del activista indígena”, explicó.

Denunciaron que la FGE se ha negado a realizar verdaderas acciones de búsqueda en la región donde el activista fue desaparecido, y a la par, algunas personas que han sido testigos en el juicio han recibido diversas amenazas y actos de intimidación, entre ellas la propia esposa del activista Consuelo Carrillo y sus cinco hijos, así como amigos y compañeros de lucha de Rivera Hernández.

Señalaron que los planes de imponer en la Sierra Negra la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala impulsada por Grupo Ferrominero de México (Minera Autlán) no han parado, lo cual representaría el entubamiento y contaminación de importantes mantos acuíferos y la destrucción de más de 9000 hectáreas de Selva, en plena crisis medioambiental mundial.

Sergio Rivera Hernández encabezaba en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para impedir este grave atropello a los derechos de las personas que habitan en ese contexto, a raíz de su desaparición se ha evidenciado el modo en el que la minera Autlán ha propiciado un esquema de división en las comunidades y la corrupción con las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto.

Los gobiernos de la zona han utilizado la propia infraestructura y al personal del de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control, estos sicarios ya había amenazado y secuestrado previamente a su desaparición a Sergio Rivera.

Los defensores exigieron su localización inmediata y la protección de testigos que han participado en el proceso.