La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla alista la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), pues el periodo de Adolfo López Badillo al frente del organismo concluye el próximo 29 de julio.

La diputada de Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, explicó que será el 15 de marzo cuando los legisladores comiencen la discusión para establecer el proceso de designación del nuevo presidente, facultad que recae en el Poder Legislativo.

“En sesión de la comisión se propuso que el 15 de marzo iniciemos la discusión y aprobación del procedimiento para que participen las universidades, asociaciones civiles y demás que se quieran sumar al proceso “, dijo.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del estado establece que el presidente que elija el Congreso local emergerá de las propuestas de organizaciones representativas de la sociedad, como universidades, asociaciones civiles, colegios, organismos y demás afines, de perfiles que se hayan distinguido en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.

“A partir de esa fecha estableceremos los criterios de la convocatoria, pero el perfil primordial es que deben ser personas defensoras de los derechos humanos", agregó la legisladora local, tras apuntar que López Badillo no repetirá el cargo de presidente de la CDHE.

El Ombudsman poblano cumple su segundo periodo al frente de la comisión, pues el 28 de julio de 2014 la LXI legislatura lo ratificó en el cargo después de que concluyó su primer periodo que inició en 2011.

Su gestión ha sido criticada por su actuar en la defensa de los derechos humanos, principalmente en los abusos y violaciones cometidas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Uno de ellos, su negligencia ante el asesinato del niño José Luis Tehuatlie.

Las personas que sean propuestas al cargo deben ser ciudadanos poblanos, tener más de 35 años, ser abogados o licenciados en Derecho con experiencia mínima de 5 años en el ejercicio de la profesión, según lo establece la ley.

Gozar de buena reputación, tener conocimientos acreditables en materia de derechos humanos y no haber sido condenados por un delito intencional que amerite pena corporal.

Foto: e-consulta