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Le dictan formal prisión al policía que torturó a la periodista Lydia Cacho

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El juez indicó que existen pruebas suficientes para considerar que Alejandro R participó en los hechos que se le imputan
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Un juez le dictó auto de formal prisión a Alejandro R, acusado de haber torturado a la periodista Lydia Cacho.

La Procuraduría General de la República informó que el auto de formal prisión está relacionado con la orden de aprehensión que giró el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

El juez indicó que existen pruebas suficientes para considerar que Alejandro R participó en los hechos que se le imputan.

“Los elementos de prueba presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) fueron suficientes para obtener del Juez Segundo de Distrito con residencia en CancúnQuintana Roo, auto de formal prisión en contra de Alejandro “R”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en perjuicio de una periodista”.

El martes 4 de diciembre, agentes federales capturaron en Puebla a Alejandro Rocha Laureano, un policía acusado de haber torturado en 2005 a la periodista Lydia Cacho.

Las autoridades federales indicaron que Alejandro Rocha Laureano, policía activo de la Fiscalía del Estado de Puebla, fue detenido en la capital poblana.

Alejandro Rocha Laureano era requerido por el juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

Lydia Cacho publicó en 2004 el libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de pederastas en la que participaban personajes del mundo empresarial y de la política.

El empresario Kamel Nacif demandó a la periodista Lydia Cacho por difamación en Puebla y un grupo de agentes la capturaron en CancúnQuintana Roo.

Lydia Cacho fue llevada a Puebla, cuando gobernaba el priísta Mario Marín, y estuvo detenida, pero fue liberada con una fianza de 70 mil pesos.

En 2005, la periodista recibió amenazas de muerte de sujetos que integraban la red de corrupción de menores que denunció en su libro.

En 2006 se filtró una conversación telefónica entre Kamel Nacif y Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, en la que se advierte la colusión del poder público para intimidar a la periodista.

En el caso de Lydia Cacho no se consideró que hubieran existido violaciones graves a los derechos humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abstuvo de señalar al gobernador de Puebla como responsable de haber violado las garantías de la periodista.

En esa época, se argumentó que en el caso de Lydia Cacho no hubo colusión de las autoridades con particulares para violentar los derechos de la periodista.

Crédito de la foto University of Michigan

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