Durante la administración del gobernador José Antonio Gali Fayad se han registrado 305 intentos de linchamiento que causaron la muerte de 42 personas, lo que implica un promedio de dos casos por mes, además hubo una marcada presencia de bandas dedicadas al robo de combustible que detonó otros delitos como el homicidio.

Así lo reconoció el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, al comparecer este lunes ante el Pleno del Congreso local, como parte del último informe de labores de la administración estatal.

El funcionario señaló que la delincuencia que hay en el estado obedece a circunstancias de origen nacional y geográficas, pues Puebla se encuentra en el trayecto delducto Minatitlán de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no a una equivocada estrategia del gobierno del estado.

Su comparecencia ante los legisladores, que en su mayoría pertenecen al bloque de Morena, el PT y el PES, transcurrió entre acusaciones sobre el incremento de la violencia en la entidad, principalmente en Ciudad Serdán, Tehuacán y San Martín Texmelucan.

Carrasco dio a conocer que durante la gestión de Gali, que abarca desde el 15 de enero de 2017 –y termina el próximo 14 de diciembre- la dependencia a su cargo registró 305 intentos de linchamiento, en los que se rescataron con vida a 418 personas, pero otras 42 fallecieron. Los casos implican un promedio de dos cada mes.

El funcionario no detalló el nombre de los municipios en donde se registraron las agresiones, pero entre estos se encuentra el caso de un tío y su sobrino en Acatlán.

Ante los cuestionamientos de los diputados, el secretario rechazó que la SGG haya actuado con lentitud para atender los casos, pues refirió que fueron los alcaldes los que informaron tardíamente respecto de los sucesos.

Violencia en Puebla obedece a situación geográfica

Por otra parte, el funcionario señaló que la situación geográfica del estado propició la llegada de bandas dedicadas al robo de combustible, ya que por Puebla pasa uno de los ductos más importantes de Pemex. Añadió que este delito ha propiciado otros como los asesinatos y los robos de vehículos.

“Puebla no es una ínsula, por lo que no podemos escapar al escenario nacional”, defendió en su discurso.

Sin embargo, argumentó que las cifras oficiales que mensualmente actualiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ubican a Puebla por debajo del promedio nacional, situación que se logró gracias a la puesta en marcha de estrategias de prevención como el programa “Escudo Zaragoza”.

Resaltó que gracias a los operativos contra la ordeña de ductos fueron detenidas 980 personas, se cerraron 2 mil 600 tomas clandestinas, recuperaron 4 mil 300 vehículosy se decomisaron nueve millones de litros de hidrocarburo.

Violencia feminicida, también por debajo del promedio nacional

La diputada Nora Merino Escamilla, militante de Morena, cuestionó al funcionario sobre el incremento en los casos de feminicidio en el estado, según han documentado organizaciones como el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Sobre el tema, el secretario se concretó a señalar que el estado ocupa la posición 18 a nivel nacional en “violencia feminicida”, por debajo de la media nacional e inferior al que reportaron los estados de Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México.

Refirió que el estado no cuenta con el mecanismo conocido como “Alerta de Género” porque la Secretaría de Gobernación federal no lo ha emitido.

Falló la estrategia de seguridad: Espinosa

José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, fustigó los resultados del gobierno de Gali Fayad en materia de seguridad, al señalar que no se han resuelto casos de inseguridad en los municipios y que por el contrario, los homicidios, asaltos y robos han incrementado.

El diputado cuestionó al secretario por dejar su estado natal, Oaxaca, para venir a Puebla a defender lo “indefendible”, pues indicó que “sólo un torpe” vendría a justificar el fracaso del modelo de seguridad en la entidad poblana, a lo que le respondió que “sólo un necio” rechazaría los “avances” que las cifras oficiales muestran.

Cabe señalar que tanto el legislador como el funcionario se enfrascaron en las cifras delictivas de San Pedro Cholula, debido a que éste último fue alcalde de este municipio.

Foto / Agencia Enfoque