La reforma aplicada a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para permitir la reducción del presupuesto de la Auditoría Superior del Estado(ASE) fue vetada por el gobernador Antonio Gali Fayad.

La determinación del Ejecutivo la dio a conocer José Juan Espinosa Torres durante una reunión que sostuvo con Enrique Cárdenas Sánchez y un grupo de académicos que entregaron al Congreso un análisis sobre las observaciones hechas a la abrogación de la Ley Bala y a las reformas a la Leyes Orgánica de la Fiscalía General del Estado y de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable.

El presidente de la Mesa Directiva manifestó que la modificación que se hizo a la fracción I del artículo 129 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, se sustenta en las medidas de austeridad que se impulsan e implementarán desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Espinosa Torres consideró que la observación que Gali Fayad realizó a esta reforma invade las facultades del poder legislativo, ya que la Auditoría Superior del Estado es un órgano autónomo y sin relación directa con el gobierno estatal.

“El 20 de noviembre, el gobernador del estado vetó la reforma que hicimos a la Ley de Fiscalización Superior  del Estado de Puebla que eliminaba el candado para poder disminuir el gasto púbico de este órgano autónomo encargado de la fiscalización de los recursos públicos, nosotros sustentamos esta reforma en que las conductas de austeridad tienen que ser practicadas en todas las dependencias (…) El gobierno del estado no tenía por qué vetar u observar cuando a diferencia de otras instituciones públicas no hay una dependencia o una relación entre el Ejecutivo, es un órgano que depende del Congreso del Estado, considero que el propio veto está invadiendo facultades exclusivas del Congreso del Estado”.

La reforma al ordenamiento se aprobó con los votos de Morena, Encuentro Social, PT y PRI, y se dio de manera posterior al dictamen con el que se avaló un presupuesto de 140 millones de pesos para el 2019, menor en 14.3 millones de pesos en comparación con los 154.3 millones de pesos de este año.

El pasado 15 de noviembre, el Ejecutivo entregó las observaciones hechas a la Ley de Seguridad Pública que se dieron para establecer los protocolos para el uso de la fuerza pública, y los cambios hechos a la Ley de Protección al Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable en el artículo 143 sexies que establece la prohibición para que en áreas verdes que dependan de los ayuntamientos y del gobierno se coloquen anuncios espectaculares.

Foto / Agencia Enfoque