La supuesta investigación por lavado de dinero y manejo de recursos ilícitos en contra del alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, lo convertiría en el cuarto presidente municipal poblano que es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el último año.

Tras conocerse que la PGR estaría en vísperas de cumplir una orden de aprehensión en los próximos días por los citados delitos, según publicó el portal Parabólica.mx, el área de comunicación social del Ayuntamiento de San Andrés Cholula aseguró que en breve fijará una postura al respecto, sin profundizar en el caso.

El documento publicado señala que la PGR solicita desde el 23 de julio de este año que se ejerza acción penal en contra de Paisano Arias por lavado de dinero y manejo de 115 millones 654 mil 543 pesos de procedencia ilícita, de acuerdo con la averiguación previa PGR/DDF/SZC/CAM/310/2018-07.

Aunque este medio intento contactar sin éxito al área de comunicación social de la PGR, fuentes al interior de la dependencia señalaron que el documento hace alusión a que el caso se está ventilando en tribunales ajenos a los del Sexto Circuito, competentes a la delegación en Puebla, sin dar detalles sobre la veracidad de dicha investigación.

Pablo Morales, preso por lavar dinero en sus gasolineras

De confirmarse la investigación por lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita, el alcalde emanado del Partido Acción Nacional (PAN) no sería el primer funcionario con ese cargo en ser investigado por la PGR en el último año.

Por el mismo delito de lavado de dinero, que legalmente es catalogado como operaciones con recursos de procedencia ilícita, se encuentra vinculado a proceso e internado en un Cereso de Veracruz el ex edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde.

En julio del 2017 aun siendo presidente municipal, fue aprehendido por la PGR para ser investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir, administrar, poseer, retirar, dar o recibir bienes de cualquier naturaleza.

En el proceso penal en su contra se estableció que dichos recursos circularon en al menos dos de las cuatro gasolineras que el entonces alcalde poseía en los municipios de Palmar de Bravo, Tecamachalco y Amozoc, sin embargo nunca se confirmó que las mismas fueran abastecidas con hidrocarburo de procedencia ilícita.

Cae edil de Huixcolotla con una pistola sin licencia

Ya en 2018, específicamente en julio, se dio la segunda detención de un alcalde siendo ahora el caso de Filomeno Cruz Gutiérrez, munícipe de Huixcolotla, sorprendido portando un arma de fuego sin licencia y abordo de una camioneta que era conducida a exceso de velocidad en calles del municipio de Acatzingo.

Debido a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es de competencia de la PGR, su situación legal fue determinada por un juez de control de esa índole, quien si bien determinó vincularlo a proceso, también aceptó que el funcionario siguiera su proceso en libertad.

Edil de Venustiano Carranza y su esposa, investigados por la SEIDO

El último caso ocurrió a principios del mes de agosto cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizó tres cateos en casas de la localidad de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza, en torno a una investigación por robo de hidrocarburo y nexos con el crimen organizado.

Una de las propiedades cateadas fue la del presidente municipal Rafael Valencia Ávila, quien al momento del operativo no estaba pero sí su esposa Ilse Lucía B., quien fue detenida pues en el cateo se hallaron más de 100 cartuchos y cargadores, así como tres armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia en la que Ilse Lucía fue vinculada a proceso, el agente del Ministerio Público de la Federación reveló que el cateo obedeció a un mandato judicial obtenido por la SEIDO en donde se investiga una red de la delincuencia organizada que opera en la región por lo menos desde 2014.