La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH) de Puebla emitió la recomendación 2/2018 a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque comprobó que agentes de la Policía Ministerial golpearon y torturaron a un detenido en 2015.

Los hechos referidos tuvieron lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en contra de una persona detenida por los elementos de lo que ahora es la FGE, acusado de vínculos con una banda que había participado en un robo a cuentahabiente en Plaza del Sol.

De acuerdo con las versiones de la víctima y su esposa, las irregularidades comenzaron cuando el Ministerio Público retrasó por algunas horas su declaración, con el pretexto de que no servía la impresora.

Ese tiempo sirvió para que al detenido lo golpearan y torturaran psicológicamente en dos ocasiones para obligarlo a firmar y colocar sus huellas dactilares en documentos con declaraciones que desconocía.

"...lo llevaron a los separos para posteriormente sacarlo e indicarle que firmara una averiguación por un robo que se había cometido, a lo que se negó, por lo que comenzaron a torturarlo psicológicamente y a decirle que si firmaba ya se iba y si no, detendrían a su esposa. Además refirió que momentos antes unos ministeriales lo habían golpeado, agarrándolo de la garganta, poniéndole el brazo en el cuello como asfixiándolo y le decían que debía firmar, dándole golpes en las costillas, en el estómago, poniéndole las manos atrás con las esposas, le levantaban los brazos hacia atrás, siendo que después llegaron personas con documentos quienes lo obligaron a firmar", se dice es uno de los textos que se incluyen en la recomendación.

En un segundo momento, al espacio en que la víctima se encontraba en los separos entraron 8 personas entre hombres y mujeres que nuevamente lo presionaron para que firmara mediante agresiones físicas.

"... insistiéndole con que aunque sea pusiera su huella, golpeándolo en las costillas, estómago, empujándolo y cuando le pusieron las esposas forcejeó con ellos pero lo tiraron al piso tratando de estrangularlo, le pisaron la cabeza, agarraron de los genitales para obligarlo a firmar, hasta que lograron colocar sus huellas en la declaración", se agrega.

Según el relato de la recomendación, el Juez Octavo de lo Penal dictó auto de formal prisión en su contra como probable responsable del delito de cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, portación de armas e instrumentos prohibidos e ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.

Como a la CDH, se agrega en la recomendación, no le toca pronunciarse sobre el estado jurídico de la víctima, sí lo hace desde las violaciones a derechos humanos que se certificaron mediante exámenes médicos y psicológicos tanto de personal a su cargo, como de otras instancias como las que dictaminaron su estado físico al ingresar al penal de San Miguel.

"...dicho acto presupone una falta de preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones, ya que dichos servidores públicos no velaron por la integridad física de la persona asegurada; siendo que, como garantes de la seguridad pública tienen la obligación de salvaguardar la integridad y derechos humanos de las personas", es uno de los señalamientos de la comisión.

La recomendación que se emite incluye seis puntos en los que se instruye que la FGE cumpla con asesoría psicológica  para la víctima, colaborar con la investigación en el órgano interno de la fiscalía y en levantar una denuncia ante el Ministerio Público, con capacitación a su personal y que se gire una circular para reiterar el respeto a orden constitucional.

Este no es el primer llamado que se emite a la FGE en materia de derechos humanos. En el Senado se hizo, en febrero pasado, un llamado para que la dependencia informe qué acciones ha emprendido en cuatro recomendaciones por tortura.

Asimismo destaca que la dependencia fue clasificada el año pasado como la tercera peor del país para resolver delitos y atender a las víctimas, de acuerdo con un estudio que realizó la organización Impunidad Cero.

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