Con el anuncio de que tendrá Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Puebla abandona el grupo de 13 entidades que hasta el inicio del presente año no habían cumplido con la obligación legal de crear esa instancia.

La fiscalía era necesaria porque lo exige la ley, por la inminencia de la elección y porque Puebla es el quinto estado en incidencia delictiva electoral media, según estudios.

En el inicio del año, estados como Morelos y Nayarit también crearon sus respectivas fiscalías especializadas pero seguían sin cumplir la ley estados como Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California y Nayarit.

El artículo 102 constitucional y el 25 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, establecen claramente la obligación de crear fiscalías en delitos electorales en cada entidad federativa.

Urgencia de fiscalías en delitos electorales

Justo una semana antes del anuncio del gobernador Antonio Gali, de que Puebla tendrá su fiscalía, Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) había considerado urgente el nombramiento de los fiscales electorales en los estados.

El exfiscal lo puso dramático: "combatir los delitos electorales es una batalla que la Fepade no va a ganar sola, necesita que todas las procuradurías y las fiscalías de los estados se aglutinen".

Una semana después de esa declaración vino el anuncio de Gali.

Rápidamente, la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, advirtió que la nueva fiscalía no trabajará de forma independiente pues hay delitos que corresponde directamente atender a la Fepade.

También aquí hay previsiones legales. La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que las procuradurías y fiscalías de los estados deberán contar con fiscalías especializadas en delitos electorales, y que los programas y acciones para prevenirlos se realizarán según el convenio de colaboración que suscriban la PGR y el INE.

Hay delitos electorales todo el año

La creación de la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEADE) en Puebla y la inminente campaña electoral podrían hacer pensar que sólo en eventos comiciales las fiscalías tiene trabajo.

Cuestiona esta suposición el Acuerdo por el que se creó la FEADE en Morelos, en el cual se destaca que  “la realización de los delitos con esta materia no son de la exclusiva configuración que abarca los procesos electorales, sino que en cualquier momento podrían presentarse”. Y detalla que pueden perpetrarse conductas como la retención sin causa y justificación de las credenciales de elector; la suspensión o condicionamiento de programas sociales con fines políticos; además de la venta, modificación o alteración de documentos electorales.

La incidencia delictiva  por estados

La impostergable creación de  FEADE también tiene que ver con la incidencia  de los delitos electorales en las entidades federativas.

Según el estudio “Fepade: la historia como creadora de instituciones”, de Santiago Nieto Castillo y Sandra Fabiola Valdez Méndez  “las entidades federativas con mayor número de expedientes iniciados son la Ciudad de México (16.6%), el Estado de México (14.9%) y Veracruz (12.9%)”. Las tres entidades concentran 44.4% de los expedientes iniciados desde la creación de la Fepade, en 1994.

Desde esa fecha y hasta el 31 de julio de 2017, se iniciaron 26,634 expedientes por la probable comisión de delitos electorales en todo el país y el año con mayor incidencia fue 2016, con 3,734 expedientes iniciados, apunta el estudio citado.

Pero también advierte que “los problemas se acentúan en el sur del país, en especial en la circunscripción 3, seguida por la 4 (en la que se ubica Puebla) que, en conjunto, suman 55.8% de los expedientes iniciados por la Fepade.

Por el número de averiguaciones previas iniciadas entre  1994 y julio de  2017, Puebla se ubica en el lugar nacional 5, y noveno en Incidencia delictiva estatal por cada cien mil habitantes. En el citado estudio se le cataloga como una entidad de Incidencia delictiva electoral media.

Los delitos electorales más cometidos

De acuerdo con el estudio citado, los delitos electorales más frecuentes y que concentran el 93.5% de todos los registros, son: alterar el Registro Federal de Electores (con 13,575 casos y 56% del total); apoderarse de material electoral; destinar apoyo a un candidato en virtud de su función de servidor público; comprar votos; condicionar programas públicos; recoger credenciales para votar; obligar a los subordinados a votar en algún sentido; obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones y realizar actos de proselitismo fuera de tiempo.

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